En los últimos años, la minería en nuestro país ha pasado de una fase de gran desarrollo de la producción de oro a una expansión rápida de la producción de cobre. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión minera crecería un 8% en 2022, pero por proyectos ya en marcha.
Al respecto, la inversión minera de enero-setiembre de 2021 fue de US$ 3,513 millones, un 21.3% más respecto a los US$ 2,897 millones invertidos en el mismo periodo de 2020. Esto significó que, pese a la pandemia, el dinamismo de la minería sigue cumpliendo un rol fundamental en la reactivación económica del país. Sin embargo, este dinamismo del sector viene acompañado por una cifra alarmante de conflictos socioambientales que han ido en aumento.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, surgieron ocho nuevos conflictos sociales en el mes de octubre de 2021, con lo que suman un total de 129 conflictos socioambientales activos y latentes registrados a la fecha. Cabe resaltar que el 65.1% de estos conflictos (84 casos) están relacionados con la actividad minera.
Por geografía, la zona de los departamentos del sur del país registra el mayor número de conflictos sociales relacionados con la minería. Esa zona es también la de mayor participación en la producción minera. La percepción de contaminación ambiental y los acuerdos no cumplidos por parte del Gobierno y las empresas son identificados como las principales razones de los problemas.
Un reciente estudio del Banco Mundial reveló que estos conflictos han generado que un total de US$ 12,000 millones de inversión en proyectos mineros sean paralizados. Entre los principales se encuentran el proyecto Conga de la compañía minera Yanacocha, por US$ 4,800 millones; Galeno, por US$ 3,500 millones, en el departamento de Cajamarca; y el proyecto Tía María, en Arequipa, por US$ 1,400 millones.
Sobre los nuevos casos registrados, cuatro están relacionados con la actividad minera y se ubican en los departamentos de Áncash (Compañía Minera Antamina), Huancavelica (Compañía Minera Kolpa), Lima (Compañía Minera Raura) y Moquegua (Compañía Minera Inkabor).
¿QUÉ SIGNIFICA PARALIZAR LA INVERSIÓN DE PROYECTOS MINEROS?
Los problemas de falta de aceptación y legitimidad social que se expresan en acciones directas y protestas contra proyectos mineros en varios departamentos del país han frenado también una parte importante de la cartera de nuevas inversiones que bordearían los US$ 57,000 millones, según el Banco Mundial. En muchos de estos casos, se ha observado la imposibilidad de iniciar la ejecución de nuevos proyectos que cuentan con todos los permisos requeridos por ley.
Resulta fundamental tener en cuenta que frenar la inversión minera no solo impacta en la reactivación de la economía, sino que afecta los futuros puestos de trabajo que se habrían generado, así como la generación y trasferencia de recursos que esta actividad genera al fisco con el objetivo de impulsar y contribuir al estímulo económico y desarrollo del país.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de enero a octubre de 2021 la transferencia de recursos por la minería asciende a S/ 6,535 millones, de los cuales S/ 2,947 millones pertenecen a canon minero; S/ 3,298 millones, a regalías mineras, y S/ 290 millones, a derecho de vigencia y penalidad. Entre los departamentos que reciben mayores recursos por parte de la minería se destacan Áncash (S/ 1,458 millones), Arequipa (S/ 1,445 millones), Tacna (S/ 627 millones), Ica (S/ 527 millones) y Cusco (S/442 millones).
Cabe resaltar que los departamentos con las mayores transferencias también son los que tienen mayor número de conflictos, como es el caso de Áncash, Arequipa, Cusco y Apurímac.
BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES
El principal reto del sector minero es crear las condiciones necesarias para llevar adelante exitosamente una amplia cartera de proyectos mineros. Por ello, es clave, mejorar la credibilidad institucional para la sostenibilidad de la actividad minera y, con ello, formular políticas públicas para que la expansión minera genere mayor desarrollo.
Además, es importante diseñar instrumentos de gestión para que los proyectos mineros se articulen a las trayectorias de desarrollo económico territorial y al potencial productivo propio de los departamentos donde operan, a partir una evaluación efectiva de los recursos, las capacidades y el potencial de los territorios involucrados.
Hay mucho en juego para el país, ya que la ejecución de proyectos mineros no representa una amenaza, sino una oportunidad para el desarrollo sostenible del país, más aún de los departamentos donde estos se ubican.
Las protestas sociales deben ser abordadas y solucionadas a través de canales de comunicación que permitan la congregación de intereses para todos los agentes involucrados y que los acuerdos alcanzados trasciendan en el tiempo, y no se vulneren con los cambios en la administración de los Gobiernos subnacionales.
No obstante, consideramos que ha llegado la hora de que la política de promoción de inversiones, y en particular de la minería, se anteponga a los intereses particulares que van en contra del bienestar nacional. Hablamos de aquellos azuzadores e incluso de quienes protestan violando la ley. No debemos permitir que estos actores impongan su agenda antiinversión.
Fuente: ComexPerú