El presidente de la comisión del Consejo Regional que investiga la minería ilegal en el cerro El Toro, Greco Quiroz Díaz, dijo que ya no se trata de un problema regional sino nacional, por ello el Gobierno central debe ejecutar la interdicción. Dicha área está en la ciudad de Huamachuco, capital de la provincia andina de Sánchez Carrión.
“Sin adelantar opinión, el cerro El Toro ya es un tema que no pasa por muchas reuniones sino pasa por decisiones. Y la única forma que le veo yo, de solucionarlo, es la interdicción. Es decir, esto tiene que acabar en una intervención del Gobierno. Así como la minería ilegal en Madre de Dios, donde el Gobierno intervino con el Ejército, la Marina, la Policía y hoy han limpiado la zona. En el cerro El Toro esa es la única solución”, enfatizó Quiroz.
Recordó que justamente el problema es tan grave que el pasado mes de abril murieron ocho mineros ilegales y el Ministerio Público está investigando para dar con los presuntos responsables. Entre los encausados está el pastor evangélico Oswaldo Alva.
“No podría decir si las amenazas a mi persona provendrían de parte de él, porque me llaman y no se identifican. Solo me dicen que ni se me ocurra ir por Huamachuco, que haga todo lo que tenga que hacer en Trujillo, pero que no me aparezca por allá. Después que hace un mes, el Consejo me designa presidente de la comisión comienzan este tipo de llamadas”, denunció Greco Quiroz.
El gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Raúl Araya Neyra, justamente ayer expuso sobre el tema.
Señaló que el último censo en el cerro El Toro se realizó el 2015, donde se identificó a 700 mineros ilegales en una zona de 100 hectáreas, en la cual había 120 labores mineras con 80 pozos de cianuración, explotando en promedio 25 toneladas de material cada uno de ellos, afectando el agua, la ecología, la salud. Pero ahora los mineros ilegales serían más de 3 mil.
“En el cerro El Toro hay los tres tipos de minería: formal, informal e ilegal”, contó Araya.
Fuente: La República