Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo -responsable de fortalecer proceso de diálogo en Ayacucho
ProActivo. –La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, estuvo en Ayacucho como parte de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que llegó a la provincia del Páucar del Sara Sara para fortalecer el proceso de diálogo con los alcaldes provinciales y distritales que vienen protestando en contra de la actividad minera en la zona.
La Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo está conformada por PCM, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y OEFA. Este trabaja en cuatro ejes temáticos: minería sostenible, agua segura y salud, actividad agropecuaria e inversión pública.
Durante su intervención, la titular del Ambiente escuchó cada una de las demandas de la población y precisó que resulta importante garantizar la buena calidad del agua en las zonas afectadas por la actividad minera en Ayacucho.
Al respecto, aclaró que será tarea de DIGESA identificar si la posible contaminación del recurso hídrico en la zona es producto de la actividad minera o no. “Habrá que tomar las medidas correctivas ya que no se puede permitir que la población tome agua de mala calidad”, subrayó.
Asimismo, Muñoz aclaró que un tema que tendrá que evaluar el próximo Congreso de la República es la solicitud de la población de Ayacucho de cambios a la Ley de Consulta Previa.
En cuanto al pedido para declarar la intangibilidad del agua en las cabeceras de cuenca, Muñoz Dodero enfatizó que eso no es competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). “Declarar su intangibilidad significaría que no se puede realizar absolutamente ninguna actividad en la cabecera; ni siquiera agricultura, pastoreo o tomar agua”, refirió. Por eso, dijo que esta discusión debe abordar, más bien, respetar el manejo sostenible de las cabeceras de cuenca.
Sobre la solicitud para declarar la nulidad definitiva de la resolución del Tribunal Nacional de Controversias Hídricas, la titular del Ambiente mencionó que la única manera de impugnar las resoluciones de este fuero es por la vía judicial (a través del Poder Judicial).
En cuanto al proceso de cierre de las unidades mineras, precisó que, si estas no están cumpliendo con los compromisos pactados en sus respectivos estudios de impacto ambiental, el Poder Ejecutivo hará todo lo que está “a su alcance para que se cumpla con lo establecido en los procesos de cierre de minas, lo cual se deberá realizar bajo los instrumentos formales establecidos por ley”.
Propuestas para viabilizar diálogo
La ministra aprovechó la oportunidad para realizar cuatro propuestas que permitan avanzar con el proceso de diálogo que se ha establecido en la zona. La primera propuesta buscará priorizar la calidad del agua para el consumo humano, y para ello será necesario realizar un estudio sobre la calidad del agua lo más pronto posible bajo un esfuerzo concertado por un equipo de trabajo formado por MINAM, el Ministerio de Salud y los alcaldes.
Asimismo, propuso conformar un segundo grupo de trabajo para analizar el cierre de las minas. Agregó que en este aspecto es importante evaluar la información de OEFA y MINEM a fin de transparentar qué compromisos han cumplido las operaciones mineras y que las empresas señaladas cumplan con sus obligaciones de acuerdo a su plan de cierre.
Además, planteó tomar medidas para impulsar la actividad más importante para la población en la zona: la agricultura. “Me interesa personalmente la parte productiva. Acá la gente vive del agro y la ganadería. Por eso, debemos evaluar las medidas para potenciar estas actividades que se vieron afectadas por las operaciones mineras”, precisó.
Finalmente anunció que, a fin de comprender mejor el sentido de urgencia de la población, se conformarán cuatro grupos de trabajo que visitarán y evaluarán el estado y los niveles de contaminación de los distritos donde se ubican las cuatro minas aludidas. Estas visitas se realizarán en un plazo de 30 días.
Cabe precisar que esta reunión de trabajo contó con la presencia de organizaciones de base (frentes de defensa y comunidades campesinas) cuyos intereses y preocupaciones están centrados en el cuidado del agua (cabeceras de cuenca), la afectación de los recursos naturales y la obtención de beneficios directos de la actividad minera (formal a mediana y gran escala).