En las áreas naturales protegidas se pueden tener proyectos productivos rentables sin que se afecte el ecosistema
Foto: La República
Los imponentes nevados de Chuccura y Huarancante son los guardianes de un sistema de lagunas y bofedales que abastecen de agua a las regiones de Arequipa y Moquegua. Este ecosistema vulnerable al cambio climático forma parte desde 1979 de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Si bien dentro de sus366.936 hectáreas de extensión se protegen especies como vicuñas y guanacos, su recurso más valioso es la reserva de agua que permite el desarrollo de la agricultura y de las industrias en Arequipa.
Como este ecosistema existen en todo el país 158 áreas naturales protegidas. “Un área natural protegida (ANP) es la muestra representativa de un ecosistema en particular. Para establecer una ANP se busca que cumplan ciertos requisitos. No es solo un paisaje donde se protege fauna y flora”, asegura Pedro Gamboa, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La creación de estas áreas naturales es motivo ahora de debate al ser señaladas como trabas para la inversión. Según Vanesa Cueto, especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), es necesario hacer un balance. “Las inversiones son importantes pero también se deben proteger las reservas naturales de las que van a depender las siguientes generaciones”, dice.
UN PASO MÁS COMPLEJO
Hace pocas semanas el Ejecutivo lanzó un paquete de medidas para promover la inversión debido a los bajos índices de crecimiento registrado en los últimos meses. Este es alabado por algunos y cuestionado por otros. Entre otras cosas, se recorta al Ministerio del Ambiente la competencia de establecer zonas reservadas. Esta decisión ahora deberá pasar por la aprobación del Consejo de Ministros.
De acuerdo con Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esto resta el carácter técnico que tenía esta denominación y la pone en un terreno político, lo que complicará el proceso de salvaguardia de la biodiversidad. “Hay zonas reservadas que tienen operaciones de hidrocarburos, como la Sierra del Divisor, entonces no representan un peligro para las actividades económicas”, dice.
La zona reservada es una categoría temporal antes de que se establezca la creación de una área natural protegida. Esta última sí debe contar con la aprobación del Consejo de Ministros.
Solano señala que este cambio de las reglas respondería a un temor de un grupo de empresarios por una posible zona reservada en el mar del norte que se superpondría a sus operaciones de hidrocarburos.
El Sernanp sí tiene en mente una zona reservada en el mar del norte, pues el ecosistema del mar tropical que existe en la zona de Piura y Tumbes aún no está representado. Aunque se aclara que se respetan todos los derechos preexistentes antes de la creación de un área natural protegida.
Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), cree que cualquier declaración de zona reservada sí debe hacerse en concordancia con los sectores productivos. Para Briceño, es necesario que el tema pase por el Consejo de Ministros para evitar malas percepciones de la población sobre lo que es una zona reservada. “Cuando se crea esta área, la percepción inmediata de la población es que en ese lugar no se hará ninguna actividad. Esto se ve reflejado luego en la licencia social que se le da a la empresa que quiere invertir”, dice.
Muchas áreas naturales protegidas cuentan con actividades extractivas. Pedro Gamboa señala que es un mito que no se puedan realizar actividades económicas dentro de ellas. “Lo que tenemos que garantizar es que sean sostenibles y amigables con el ambiente”, enfatiza.
El Comercio