(Foto: GEC)
Ismael Palomino, representante de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), advirtió que su gremio podría suspender su participación en la mesa de diálogo con el Ejecutivo si no se atienden sus exigencias. Esta es la segunda vez que los mineros informales amenazan con retomar sus protestas tras levantarlas en julio, cuando bloquearon vías y se enfrentaron a la Policía.
La demanda principal de Confemin es la modificación de un Decreto Supremo que establece un plazo hasta el 17 de agosto para la obtención de autorización para el uso de explosivos, plazo que consideran inalcanzable. Palomino destacó que, en el país, existen muy pocos almacenes para guardar explosivos, lo que hace imposible cumplir con la normativa. “Se necesitarían al menos 31 mil polvorines, pero esa infraestructura no existe ni en proyección”, señaló el dirigente.
Además, el gremio exige la modificación de la resolución que excluye a 50 mil mineros del REINFO. En conversación con Perú21, Palomino afirmó que, si el Ejecutivo no modifica el decreto, los mineros podrían levantar la tregua pactada con el Gobierno y reactivar las movilizaciones, incluyendo el bloqueo ilegal de carreteras.
Máximo Franco, presidente de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), se mostró crítico con el Gobierno por la falta de avances en la mesa de diálogo. En declaraciones para Perú21, expresó su descontento con el manejo de los plazos de los decretos supremos relacionados con la minería artesanal. “Nosotros no hemos dado un ultimátum, solo hemos manifestado nuestra disconformidad”, indicó Franco al explicar que el Ejecutivo aún no ha corregido los plazos resolutivos, a pesar de las advertencias del Defensor del Pueblo y otros organismos. De no haber una solución pronta, Franco advirtió que suspenderían su participación en las negociaciones y reactivarían las movilizaciones.
Uno de los puntos más críticos para los mineros informales es el plazo para obtener la autorización de uso de explosivos, que vence el 17 de agosto. Franco consideró que los 90 días establecidos no son suficientes, ya que los trámites requieren un mínimo de 5 meses. “Es imposible cumplir con los plazos. Más de 20 mil mineros serán excluidos del proceso de formalización”, señaló, aludiendo a la falta de infraestructura adecuada para almacenar explosivos en el país.
Además, Franco afirmó que el proceso de formalización depende de una ley que debe ser aprobada por el Congreso. Por ello, los mineros piden que se permita la formalización hasta diciembre de este año. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia se encuentra evaluando si los derechos de los mineros han sido vulnerados con las exclusiones de la ley.
Además, mencionó que durante las negociaciones se tratarán tres temas clave: los decretos supremos emitidos, el régimen laboral en la minería artesanal y las aportaciones para la creación de la ley MAPE. Sin embargo, Franco señaló que aún no se ha avanzado del primer punto.
