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Estos conflictos despliegan un efecto dominó que hace que los proveedores también se vean comprometidos. Estos quedan envueltos en una nueva dinámica de negocio: las compañías les demandan ajustes en las tarifas de contratos y condiciones de pago.
En el Perú, la mayoría de los conflictos sociales activos y latentes están relacionados con la actividad minera. Así lo demuestra el Reporte de Conflictos Sociales nº 112 de la Defensoría del Pueblo de junio pasado. De un total de 223 conflictos activos y latentes, 141 eran socioambientales. De estos, 105 (72,4%) estaban relacionados con la actividad minera.
Aunque el riesgo de inversión que generan sea asumido en primera instancia por las empresas impulsoras de los proyectos, el efecto dominó que despliegan en la cadena productiva minera hace que también se vea comprometido el negocio de los proveedores. Este segmento integra a empresas proveedoras de bienes, y servicios y, también, de mano de obra (las llamadas contratistas).
Según Jorge León Benavides, presidente de la Asociación Peruana de Proveedores Mineros (APPROMIN), en el país existen alrededor de 10.000 proveedores mineros, de los que un 10% son grandes, 60% medianos y 20% pequeños (la mayoría, basados en los alrededores de las minas).
La cifra es una estimación manejada por el sector, puesto que no existen datos oficiales, advierte. Tampoco incluye a los informales, agrega. En cuanto a los contratistas, equivalen al 75% de la fuerza laboral en minería, dice Carlos Bernal Pozo, gerente general de la Asociación de Contratista Mineros del Perú (Acomipe): 170.000 de los 220 trabajadores mineros registrados este año en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
En lo que se refiere a volumen de negocio, el de los proveedores de maquinaria y servicios representa el 60% (US$ 3.000 millones) de la inversión anual promedio que recibe Perú (US$ 5.000), calcula León Benavides. En el caso de los contratistas, el reporte de movimiento comercial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de 2012 indica que ese año facturaron S/. 16.448 millones (aproximadamente US$ 5.889 millones), cita Bernal Pozo.
Impacto múltiple
Según Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y de Acomipe, por año, a raíz de los conflictos sociales, se dejarían de invertir unos US$ 1.000 millones y, en la última década, al menos US$ 9.000 millones. Sustenta sus estimados, promediando el monto de inversión de una serie de proyectos paralizados en los últimos doce años: En 2001, Tambogrande en Piura, por US$ 300 millones y Santa Ana en Puno, por US$ 60 millones; en el 2006, Río Blanco, también en Piura, por US$ 1.500 millones; en el 2009, Tía María, en Arequipa, por US$ 950 millones; en el 2011, la ampliación de Toquepala por US$ 600 millones; en el 2012, Conga en Cajamarca, por US$ 4.800 millones y Cañariaco, en Lambayeque, por US$ 1.500 millones.
Como León Benavides y Bernal Pozo, Mucho opina que el impacto de esa merma es significativo entre los proveedores. “El caso emblemático es Conga, donde 50 empresas contratistas locales fueron afectadas. Habían comprado maquinaria y luego de la paralización se vieron en problemas. Quedaron endeudadas por casi US$ 100 millones”, dice.
La exposición al riesgo por endeudamiento ante conflictos sociales de los proveedores es una realidad, que hasta ahora tampoco ha sido registrada ni cuantificada, indica Bernal Pozo. Se trata de deudas contraídas por la incapacidad de pago de maquinaria y de cumplimiento de obligaciones sociales y laborales. “Las compañías invierten en el proyecto y los contratistas invierten para entrar a operar. Los proveedores también, ya que venden su mercadería. Están destinando un bien que no es usado y tienen dificultades en poder cobrarlo”, explica.
Thomas Spittler, CEO de Hidrostal, fabricante nacional de bombas centrífugas y proveedor de transformadores y motores eléctricos, entre otros equipos, afirma que los conflictos sociales en general han retraído la inversión en minería.
Según explica, esta diminución repercute en su negocio, haciendo caer la producción, las ventas y la capacidad de dar empleo calificado. “En lo que va del año registramos una baja de ventas de un 7%, un porcentaje que estamos tratando de recuperar con más exportación”, dice. Pero los conflictos sociales no son la única causa de la desaceleración de la actividad minera. La caída actual de los precios de los metales también afecta.
Para Juan Delgado Sánchez, gerente comercial de SKF, proveedora de rodamientos y servicios de ingeniería al sector industrial, ambos contribuyen a que se sienta una menor demanda. De hecho, dicha situación los ha empujado a revisar las proyecciones de ventas de este año, rebajando del 12% al 3% su horizonte en el segmento minero, que suele representar el 35% de la facturación de la compañía.
¿Pero qué pesan más, los precios o los conflictos? Para Delgado Sánchez, los primeros influyen en un 60% y los segundos, en 40%. León Benavides intuye que los segundos. “Si sumas la inversión prevista para Conga y Quellaveco (en Moquegua, por US$ 3.300 millones), la podríamos contrarrestar (a la caída del precio de los metales), produciendo más”, dice.
El gerente de SKF compara la situación con lo que pasa en Chile, donde la multinacional también opera y donde el impacto de los mercados también ha retraído las ventas. “El agravante nuestro (en Perú) es que sobre las condiciones internacionales tenemos a los conflictos”, opina.
Al respecto, Bernal Pozo reconoce que los conflictos frenan la exploración, pero advierte que los precios todavía son interesantes, en relación a los de hace una década. “La onza de oro hace diez años estaba US$ 400. Hoy está US$ 1.300. No es dramático. Se puede seguir operando”, dice y recuerda que en noviembre de 2012 la onza del metal dorado cotizó US$ 1.900.
Nueva dinámica
Los conflictos sociales, en un escenario de precios bajos de los metales, replantean el negocio de los proveedores. “Notamos una presión muy grande sobre todo de la gran minería en conseguir mejores condiciones”, cuenta Delgado Sánchez y confiesa que grandes mineras les han solicitado negociar contratos actuales, con la expectativa de “alguna” reducción. También les han demandado mejores condiciones y plazos más extensos de pago, añade.
Otra dinámica del negocio tiene que ver con la desconfianza que proyectan los conflictos sociales. “Antes uno podía pedir un préstamo para presentarse a una licitación de una empresa minera. Ahora no lo puede hacer, sino de forma muy tímida. Hay que apostar despacio”, dice.
La pregunta es cómo reducir la exposición a los conflictos sociales. Para Bernal Pozo, estos se pueden prever, lo que evita poner en marcha un proyecto y luego interrumpirlo. En ese sentido, la previsión asociada a la gestión de riesgos también es importante, dice Giulio Valz-Gen, gerente general de Contacto Corredores de Seguros, firma especializada en minería. “Hay que medir la capacidad de reacción, el impacto en la continuidad del negocio y tomar las precauciones para que en caso de enfrentarlo estén bien aseguradas”, recomienda.
Sin embargo, en un futuro cercano, la previsión por parte del Estado también será estratégica para reducir la conflictividad social en las zonas de influencia minera, donde al menos 1.200 empresas comunales proveedoras de las minas se formaron en los últimos siete años.
Así lo apunta José Luis López, coordinador del Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. En el contexto actual, López avizora cuatro obstáculos: la detracción de la capacidad de empleabilidad local por parte de las compañías mineras y la debilidad para continuar los convenios laborales establecidos y la reducción de los fondos sociales y del Canon Minero.
Ante ello, López destaca que el Estado oriente hacia las zonas mineras parte de los fondos de los programas sociales. Así advierte que será necesario un mayor protagonismo para encausar la potencial conflictividad.
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