La muerte a balazos del estudiante Ever Pérez Huamán durante las protestas en Pichanaki (Junín) y la toma de un aeródromo de la petrolera Pluspetrol en el distrito de Andoas (Loreto) no hacen más que confirmarlo: hay regiones del país que son como un cargamento altamente explosivo en cuenta regresiva.
Arequipa, Piura, Puno, Apurímac y Loreto son los departamentos donde la posibilidad de que existan enfrentamientos es alta, no por el número de conflictos reportados en estas zonas, sino por las complejas diferencias que enfrentan a sus protagonistas.
Rolando Luque, jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, asegura que en estas regiones la tensión ha ido creciendo por las movilizaciones y medidas de fuerza adoptadas. “[Estos casos] son complejos, demandan un mayor análisis y una intervención eficaz”, afirma.
Agrega que, siendo este un año preelectoral, los conflictos podrían ser avivados por dirigencias radicales que pretenden usar las demandas insatisfechas como plataformas políticas.
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad reporta, en su informe de febrero, 41 conflictos en tratamiento y 109 en prevención en todo el país. Para la Defensoría del Pueblo, los cinco que se detallan son los que requieren atención urgente.
El Comercio