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Según estudio del IPE, el sector perdió $21.5 mil millones en inversiones. Conflictos sociales son uno de los principales motivos de la suspensión y retraso de proyectos.
Problemas anteriormente mencionados por varios actores del sector minero, como los conflictos sociales y las “trabas burocráticas”, generaron pérdidas de $67.2 mil millones en los últimos siete años, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Entre las observaciones del estudio titulado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas”, el IPE resaltó que el impacto de las pérdidas en el sector fueron equivalentes a 16.7 puntos porcentuales de crecimiento desde 2008.
Impacto. “Por ejemplo, en 2014 podríamos haber crecido 4.45 puntos porcentuales más, es decir, se pudo alcanzar el 6.85% de crecimiento en lugar del 2.35%”, estimó el IPE.
Otra precisión se centró en el retraso de las inversiones mineras. Según la institución a cargo del estudio, esto ocasionó que el sector perdiera más de $21.5 mil millones en diversos proyectos orientados a la producción de cobre, plata y oro.
En ese sentido, indicó que el impacto a nivel de pérdidas en el periodo de análisis alcanzó los $14.9 mil millones, esto en base a precios que datan de 2007.
Empleo. Por otra parte, el estudio también se enfocó en las consecuencias en el empleo y destacó que durante la etapa de inversión entre los años 2008 y 2014 se perdieron 534 mil puestos laborales por cada año de dicho periodo.
En el caso de la fase de producción, el IPE indicó que la pérdida ascendía a más del doble.
“Para la fase de producción, desde la maduración de todos los proyectos en 2014, se perderían 1.16 millones de empleos anuales”, mencionó el IPE.
Infraestructura. De igual manera, los resultados contemplaron las repercusiones de las pérdidas en inversión y producción minera en la reducción de la pobreza del país.
Según el IPE, la puesta en marcha de los proyectos mineros que fueron suspendidos habría permitido reducir la brecha en infraestructura por medio de la recaudación de $4734 millones en impuestos.
“Hubieran sido suficientes para cerrar las brechas de infraestructura en aeropuertos, salud y riego”, afirma el IPE.
Además, resaltó que el monto habría permitido reducir la pobreza hasta en 17% durante el periodo analizado.
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