- Elimina la autorización para el uso de explosivos, facilitando su acceso sin restricciones formales.
- No exige la inscripción en el registro de insumos químicos y bienes fiscalizados, clave en la supervisión de actividades mineras.
- Descarta la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en casos de exclusión del Reinfo.
- Permite la continuidad en el proceso de formalización incluso si se invade áreas con instrumentos de gestión ambiental de terceros.
Insistencia y apoyo al proyecto
Los congresistas Paúl Gutiérrez y Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, han liderado la defensa del proyecto. A ellos se ha sumado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, quien insiste en que la votación debe realizarse de inmediato para beneficiar a los mineros que han protestado en las afueras del Congreso.
La congresista Diana Gonzáles, de Avanza País, ha expresado su desacuerdo, argumentando que la propuesta podría agravar la problemática de la minería ilegal en Perú. Sin embargo, su postura ha sido desestimada en varias sesiones del Parlamento.
Visitas sospechosas y reuniones en el Parlamento
En las últimas horas, al menos 20 mineros informales se reunieron con asesores técnicos de la Comisión de Energía y Minas. Entre los asistentes se identificaron militantes de Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú, así como representantes de federaciones mineras como:
- Federación Nacional de Productores Mineros de Huancavelica.
- Federación de Mineros de la Región La Libertad.
- Asociación de Mineros Artesanales de Pataz.
- Confemid y Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú).
Implicaciones de la ampliación del Reinfo
La aprobación de esta extensión podría facilitar la operación de mineros ilegales, generando preocupación entre las autoridades encargadas de la fiscalización y control de estas actividades. También podría afectar negativamente la seguridad y el medio ambiente en diversas regiones del país.
El Estado con los gobiernos de turno son los responsables de que los mineros trabajadores de explotación minera de pequeña escala o llamados REINFO no hayan podido formalizarse por decretar Leyes de Referencia de características engorrosas, complicadas, muy burocratizadas, y que funcionarios estatales con capacidad deficiente, no especializados, no proactivos, sin convicción de servicio al usuario, sin cumplir los tiempos establecidos en los TUPAs, no hayan cumplido con su trabajo tal como establece el enmarañado marco legal de formalización minera. El Proyecto Ley MAPE es muy burocratizado y el cual encaja en el paquete normativo para la mediana minería.
La alternativa legislativa para que el minero REINFO pueda formalizarse y que cumpla prácticamente con la protección al medio ambiente, cumpla con la seguridad minera y sea obligado a la tributación fiscal es mediante un Formato Acta de Compromiso firmada con legislación notarial. La entidad estatal responsable tiene que capacitar en estos aspectos mediante talleres y distribuir manuales a los mineros. También los Formatos IGAFOMs están hechos para la mediana minería. El titular minero de la concesión minera que no tiene instrumento ambiental aprobado, está obligado a instruir a los mineros que están ocupando el área de su propiedad y efectuar el contrato de explotación porque el minero REINFO tiene IGAFOMs en proceso o aprobados.