En el proyecto se venderán módulos de hasta 200 hectáreas. Parlamentarios sostienen que con esta fórmula se beneficiarán las grandes empresas. Osorio asegura que todo dependerá de actualización de costos.
a discusión sobre el proyecto agroindustrial Majes II se ha centrado en el acceso de las tierras que se irrigarán en las Pampas Siguas.
Congresistas por Arequipa y funcionarios del Gobierno Regional lo debatieron en una audiencia convocada por el parlamentario del Frente Amplio, Justiniano Apaza Ordóñez.
Un agricultor o empresa que pretenda participar en este proyecto deberá comprar un módulo mínimo de 200 hectáreas. Diversos gremios y autoridades sostienen que este tope está destinado a favorecer a los grandes empresarios y no a los pequeños agricultores.
Apaza Ordóñez exigió la reducción del número de hectáreas. Miguel Román Valdivia lo respaldó
“Hemos consultado a Proinversión para ver la posibilidad de reducir el módulo de 200 hectáreas, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta”, sostuvo.
La gobernadora regional Yamila Osorio respondió a las inquietudes de los parlamentarios indicando que reducir o aumentar el módulo de hectáreas está en función de la actualización de costos que la hará. El documento recién estará listo a fines de este año.
“No nos podemos aventurar a decir si es que el costo por hectárea se elevará o no. Hasta el momento el valor es de 5500 dólares por cada una”, dijo.
Diversas voces han cuestionado este módulo, pues lo consideran muy alto para las pretensiones de adquisición de un agricultor. “Majes se ha diseñado para que grandes empresarios compren el proyecto y se lleven las ganancias”, dijeron.
Los congresistas acogieron esta idea como suya y cuestionaron la labor del Gobierno Regional en la audiencia. Apaza señaló que la gestión de Osorio no hizo ninguna comunicación a Proinversión para que se vea la manera de bajar el número de hectáreas.
La gobernadora rechazó esta afirmación y pidió que los congresistas elaboren un proyecto de ley para evitar el acaparamiento de las tierras por parte de transnacionales.
Fuente: La República