La bancada Perú Bicentenario ha presentado una propuesta legislativa en el Congreso de la República con el objetivo de exonerar a los mineros artesanales del alcance del Decreto Legislativo 1607. Dicha normativa, parte de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo, busca modificar la Ley Contra el Crimen Organizado y ha generado preocupaciones entre los mineros artesanales.
El proyecto, liderado por el congresista Jorge Marticorena, plantea derogar la primera disposición complementaria final del mencionado decreto legislativo. Además, propone que el Poder Ejecutivo coordine con los involucrados para prevenir el delito establecido en el artículo 279° del Código Penal, a través de la creación de una Mesa Multisectorial. Esta mesa deberá presentar un informe al Congreso en un plazo de 30 días calendario después de concluidas sus actividades.
El Decreto Legislativo N°1607 fue emitido en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Su objetivo principal es prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. También establece plazos para la presentación de contratos de explotación por parte de personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La propuesta argumenta que el Ministerio de Energía y Minas, según el Decreto Ley N°17271, ya es el ente rector competente para dirigir, regular y fomentar las actividades mineras y energéticas del país. Considera que la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 excede las facultades legislativas y deja a los mineros artesanales en una situación vulnerable, afectando su derecho al trabajo.
La exposición de motivos destaca que la emisión del decreto legislativo generó rechazo entre diversas agremiaciones de mineros artesanales, quienes han expresado la necesidad de derogar la normativa. El proyecto de ley busca evitar conflictos sociales al reconocer las dificultades que enfrentan los mineros artesanales en su proceso de formalización.
La propuesta legislativa busca equilibrar la regulación en el sector minero, protegiendo los derechos de los mineros artesanales y evitando situaciones que puedan afectar su sustento y generar conflictos sociales en el país.