Consejo integrado por Oficina Comercial de Estados Unidos y el Mincetur encarga a entidad técnica independiente evaluar si norma que dictó el Congreso peruano infringe norma ambiental.
El Consejo de Asuntos Ambientales del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre Perú y Estados Unidos , ordenó realizar un análisis riguroso para determinar una presunta falta de aplicación de la legislación ambiental por parte del Gobierno peruano, con la aprobación de una ley que permite construir carreteras en la selva, y afectaría a comunidades nativas.
El citado consejo está conformado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR) y el Departamento de Estado, por parte de Estados Unidos, y por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , por parte del Perú.
La orden de análisis antes mencionada la dirigió dicho consejo a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SACA) del citado acuerdo comercial, y que constituye un órgano técnico independiente, que promueve la aplicación de la legislación ambiental.
El pedido es para que esta última entidad elabore un “expediente de hechos” (encargo de hacer un análisis riguroso), ante una denuncia de una posible infracción a las normas ambientales por el Perú al haber promulgado la Ley 30723, que promueve la construcción de carreteras en la Amazonía.
Vale indicar que según el texto de la citada ley, esta declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de fronteras y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, “bajo el irrestricto respecto a las áreas naturales protegidas y los pueblos que las habitan”.
La denuncia contra esa ley la planteó en julio del 2018 la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), argumentando que impulsar las carreteras en la Amazonía pone en riesgo la vida y la integridad de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.
En mayo de este año, la SACA señaló que la solicitud de Fenamad justificaba el desarrollo de un “expediente de hechos”, pues el Estado no habría observado (el proceso de) consulta previa, así como la Ley 28736, que protege a los pueblos antes citados.
El Consejo de Asuntos Ambientales del TLC puede remitir recomendaciones que pongan en relieve el incumplimiento del acuerdo de promoción comercial por parte del Perú, lo que podría conllevar a la imposición de penalidades o sanciones comerciales por las autoridades de Estados Unidos.
Fuente: Gestión