Después de una década de litigio, la comunidad aimara de Jatucachi en Puno ha logrado una sentencia a favor los derechos de los pueblos indígenas y anula concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a trece empresas mineras. El fallo, emitido por el Tercer Juzgado Civil de Puno el 28 de junio de 2024, ordena la caducidad de varias concesiones y exige la consulta previa antes de futuras concesiones.
La sentencia reconoce el derecho a la consulta previa, un proceso fundamental establecido por la Ley 29785, aprobada en 2011. Esta ley exige la consulta en cualquier acto administrativo que pueda afectar colectivamente a los pueblos indígenas. La comunidad de Jatucachi, que ha existido oficialmente desde 1986, presentó su demanda en septiembre de 2015 con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).
La resolución judicial anula las concesiones otorgadas a empresas como Cultinor S.A.C., Minera del Norte S.A. y Aruntani S.A.C., y declara la caducidad de otras diez concesiones adicionales. Además, ordena al Minem e INGEMMET abstenerse de realizar futuras concesiones sin la consulta previa a la comunidad afectada. Este veredicto marca un precedente crucial para otras comunidades indígenas que enfrentan desafíos similares en la defensa de sus territorios.
Reacciones
Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi, expresó su desaprobación hacia las empresas mineras que han operado sin consulta en su territorio. Ponce enfatizó la legitimidad y antigüedad de su pueblo, subrayando que Jatucachi es una comunidad indígena originaria aimara inscrita en el Ministerio de Cultura. Por su parte, Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, destacó la importancia de esta sentencia para los procesos de consula previa, criticando a las instituciones involucradas por evitar estos procedimientos hasta ahora.
Impacto
La comunidad aimara ha enfrentado repetidos incidentes de contaminación debido a las actividades mineras. En 2015, presentaron una demanda de amparo citando la contaminación y la mortandad de animales causada por la empresa minera Aruntani. Alicia Ponce recordó estos antecedentes y reafirmó el rechazo de la comunidad a la presencia de empresas mineras sin consulta previa. La comunidad vive de la ganadería y teme que la minería genere contaminación y división social.
Valeriana Mamami, fiscal de la comunidad, demandó justicia y respeto por sus derechos. Mamami criticó a las empresas mineras por ingresar a los territorios de la comunidad sin realizar consulta, comparándolo con una invasión a su domicilio. Juan Umiri, vicepresidente de la comunidad, también expresó su desacuerdo con las concesiones mineras, enfatizando la dependencia de la comunidad en la ganadería y los riesgos que la minería representa.
Esperan ratificación de la sentencia
La comunidad de Jatucachi espera que la segunda sala de justicia ratifique la sentencia del Tercer Juzgado Civil de Puno. Esta ratificación sería un paso crucial para poner fin a las actividades mineras no consensuadas y garantizar que las futuras concesiones mineras respeten el derecho a la consulta previa. La comunidad hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen conforme a los principios de justicia y respeto a los derechos comunitarios.
Consulta Previa
La consulta previa es un derecho fundamental que permite a los pueblos indígenas participar en decisiones que afectan sus tierras y recursos. Este derecho, reconocido internacionalmente por el Convenio 169 de la OIT, es esencial para proteger las culturas, medios de vida y entornos naturales de las comunidades indígenas. La sentencia en favor de Jatucachi subraya la necesidad de que el Estado peruano y las empresas respeten este derecho y trabajen en colaboración con las comunidades indígenas.
Repercusiones
El fallo del Tercer Juzgado Civil de Puno tiene implicaciones significativas para el futuro de la minería en el Perú. Establece un precedente legal que podría influir en otros casos similares, reforzando la importancia del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Además, destaca la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia por parte de las empresas mineras y el gobierno en sus interacciones con las comunidades locales.
Es una lamentable noticia, la constitución dice que el dueño del subsuelo y espacio aéreo le pertenece al estado peruano, la riqueza de ese suelo de Jatucachi quedará perdida y abandonada, si vamos a dejar que una ong manipule así al pueblo estamos perdidos. Las ong son un cáncer dañino para nuestra nación.
La ONGs IDL que capacita a jueces del poder judicial y ante estos jueces presentan sus denuncias, espero que ante este caso los jueces del Tercer juzgado de Puno no estén influenciados por esta ONG IDL.
Excelente noticia lo cuál debe servir como jurisprudencia para casos similares para otras comunidades
Los derechos de una comunidad o perzonas se respetan segun la constitucion Politica del Estado Peruno
En estos tiempos modernos no se puede practicar la invasión como en la época colonial. Si bien la minería trae desarrollo económico y social, trae consigo contaminación ambiental y desertificación del suelo por los través. Para evitar enfrentamientos a través del diálogo mediante la consulta previa encontrar equilibrio dónde ambas partes salgan beneficiadas tanto las empresas mineras y las comunidades en posición de su territorio que es su patrimonio ancestral desde tiempos remotos.
Felicitaciones a cada uno de los dirigentes de la comunidad de Jatucachi por lograr una sentencia a favor de los pueblos indígenas originarios
Excelente!
buen dia, cual es el expediente del proceso y en que juzgado se llevo