Camiones con diferentes mercancías llegan todos los viernes a la frontera para levantar la feria contrabandista “Las Perlas”. Foto: Elmer Mamani
En la frontera andina que divide a Perú y Bolivia, el contrabando de explosivos se ha convertido en un grave problema que alimenta la minería ilegal en ambas naciones. Según investigaciones recientes, el río Suches, situado a 4,364 metros sobre el nivel del mar, es un punto neurálgico para el tráfico de materiales como la dinamita. Este comercio ilícito aprovecha las debilidades en los controles estatales y opera a través de redes clandestinas bien organizadas.
Cada viernes, la zona conocida como “Las Perlas” se convierte en un mercado donde se mezclan productos de uso cotidiano con artefactos explosivos ilegales. A pesar de los esfuerzos por incrementar los controles, las ferias clandestinas han desarrollado nuevas estrategias para mantener su actividad. Comerciantes como “Renato” afirman que, aunque antes el comercio era abierto, hoy en día requiere mayor discreción debido a la presencia de autoridades.
El impacto en la minería informal e ilegal
Perú, reconocido como uno de los principales productores de explosivos en la región, exportó en 2023 un total de 95 millones de dólares en estos materiales, con Bolivia como su segundo destino más importante. Sin embargo, una parte significativa de estos productos regresa a Perú de forma ilegal. Según fuentes oficiales, los explosivos contrabandeados son utilizados para fracturar rocas en operaciones mineras informales en regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad.
Empresas legales como Famesa Explosivos S.A.C. han destacado en el mercado por sus exportaciones, alcanzando cifras de 33 millones de dólares entre 2019 y 2023. No obstante, su nombre ha aparecido en incautaciones vinculadas a la minería ilegal, evidenciando cómo los productos legítimos terminan en el mercado negro.
Fallas en los controles fronterizos
El control del tráfico ilegal en la frontera entre Perú y Bolivia enfrenta numerosos desafíos. Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Puno concentra el 38.7% del contrabando en el país. Sin embargo, los decomisos de explosivos son escasos. En 2024, solo se reportó la incautación de 400 detonadores y más de una tonelada de mecha en un camión interceptado.
A nivel nacional, las limitaciones en infraestructura y recursos dificultan el trabajo de las autoridades. Además, los sistemas de transporte de explosivos autorizados presentan vulnerabilidades, permitiendo desvíos hacia el mercado ilegal.
Propuestas para mitigar el contrabando
Frente a este panorama, expertos han sugerido implementar medidas más estrictas en el registro y seguimiento de los explosivos, así como reforzar los controles fronterizos. También se ha señalado la necesidad de promover la formalización de los mineros a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que actualmente cuenta con una baja tasa de inscripción.
La cooperación binacional entre Perú y Bolivia podría ser clave para abordar este problema de manera integral. Medidas como el intercambio de información, operativos conjuntos y la estandarización de regulaciones podrían ayudar a reducir significativamente el tráfico de explosivos.