– Los estudios de organizaciones de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE), advierten que la región está en riesgo de caer en el extractivismo de minerales, debido a la falta de estándares y normativas que regulen esta demanda creciente de recursos.
– Perú, siendo el segundo productor de cobre del mundo, no tiene aún una política nacional sobre este mineral, lo que impide planificar de manera estratégica su rol en la transición energética.
América Latina se ha convertido en un punto clave de la transición energética global. La creciente demanda internacional de litio y cobre, impulsada por la fabricación de baterías, autos eléctricos y tecnologías de energías renovables, ha colocado a países como Perú, Chile y Bolivia en el centro de una nueva “fiebre” por los minerales críticos que buscan reemplazar a los combustibles fósiles. Sin embargo, esta expansión avanza más rápido que la capacidad de los estados para regularla, así lo advirtió el estudio sobre Minerales de transición en América Latina: estándares, salvaguardas, regulaciones y desafíos, elaborado por la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) y presentado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Foro Nacional de Colombia, Grupo Propuesta Ciudadana de Perú, la Fundación Terram de Chile y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia.
Los hallazgos de los estudios muestran que la región aún no cuenta con marcos regulatorios socioambientales capaces de responder a la magnitud y velocidad de la expansión minera asociada a la transición energética.
El estudio detalla que la demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050, debido a la aceleración de las metas climáticas y al reemplazo progresivo de combustibles fósiles por energías renovables. En 2023, entre Chile y Perú aportaron más del 34% del cobre mundial; mientras que Chile, Argentina y Bolivia concentran más del 50% de los recursos globales de litio.
Durante la presentación del estudio, especialistas de Terram, CEDLA, Propuesta Ciudadana y Foro Nacional por Colombia, coincidieron en que este impulso geopolítico está reconfigurando la minería regional, pero sin que los países cuenten con políticas públicas específicas para minerales críticos. Perú, por ejemplo, siendo el segundo productor de cobre del mundo, no tiene aún una política nacional sobre este mineral tan demandado, lo que impide planificar de manera estratégica su rol en la transición energética.
Denisse Linares, líder del Programa de Sostenibilidad de DAR, advierte que en nuestro país no solo hay una ausencia de normas específicas, sino que las ya existentes se flexibilizan. “Cada mineral requiere una norma para que sus procesos sean observados y fiscalizados. Es un desafío para las instituciones, y con estos riesgos de flexibilización, el escenario se muestra mucho más preocupante porque los ecosistemas quedan desprotegidos”, explica.
En el estudio se detalla que en Chile, Perú y Bolivia han aprobado normas que reducen plazos, requisitos o rigurosidad en evaluaciones ambientales, presionados por la necesidad de atraer inversiones y responder rápidamente al mercado internacional.
Necesidad de posturas comunes
Uno de los hallazgos más relevantes es que la región carece de un modelo unificado de gobernanza para minerales críticos, lo que genera una competencia desregulada entre países. Mientras unos fortalecen la institucionalidad (como Colombia con su Ley 2250 del 2022), otros flexibilizan regulaciones para atraer inversiones, lo que genera un “efecto dominó” que presiona a la baja los estándares ambientales y sociales.
Este escenario favorece lo que los expertos denominan extractivismo verde: una expansión acelerada y usufructo de las fuentes de minerales de transición, bajo el argumento de reducir el uso de energías no renovables, pero sin corregir las causas estructurales de los conflictos y sin garantizar derechos, participación ni protección de ecosistemas.
En esa línea, Gonzalo Roza, coordinador de Gobernabilidad Global de Fundeps de Argentina, señala que es importante que los países latinoamericanos construyan una postura común para abordar esta problemática frente a potencias como EE.UU. y China, que tienen presencia en la región y demandan cada vez más estos recursos. Según Roza, esta postura común debe estar conectada a políticas energéticas comunes y un impulso de sus propias actividades productivas. “No podemos participar solo como proveedores de materia prima. Debe haber un desarrollo de las propias industrias y un ingreso en las cadenas de valor global para potenciar nuestra productividad”, dijo.
La transición energética podría ofrecer una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible de la región, pero solo si se construyen normas sólidas, sinergias regionales y una gobernanza común que impidan repetir los errores del pasado.