El anuncio de que la COP 20 se realizará en Lima y el intento de fortalecer la fiscalización ambiental marcaron el año.
La realización en el Perú de la 20ª Conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), en diciembre del 2014,fue el anuncio ambiental más relevante del presente año.
La reunión, la más importante para lograr un acuerdo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, otorga al país un rol de liderazgo indiscutible de cara a alcanzar un acuerdo que reemplace al Protocolo de Kyoto, que se espera suscribir en la COP 21, en París. Pero, de otro lado, obliga al Perú a construir una agenda ambiental interna.
VISIÓN DEL MINAM
En entrevista con El Comercio, Gabriel Quijandría, viceministro del Ministerio del Ambiente, adelantó que se trabajaría una agenda de reducción de emisiones, la cual implicaría llevar a algunos sectores a reducir sus actuales niveles de emisión.
“Hay compromisos voluntarios no vinculantes, asumidos como país al 2021 en varios sectores. El paso siguiente es hacerlos vinculantes”, afirmó.
Por otro lado, la lucha contra la minería informal e ilegal, siendo todavía insuficiente, ha sido algo más efectiva en el 2013 que en años precedentes, opinan algunos analistas.
Pedro Ferradas, de la ONG Soluciones Prácticas, sostiene que si bien se trata de un proceso difícil, hay elementos a destacar. “El problema es grave, pero las acciones de interdicción de insumos y maquinaria, así como el proceso de formalización han sido más visibles y concretos este año”, explicó.
En la misma línea, Lorenzo de la Puente, especialista en derecho ambiental, sostuvo que es positivo que el problema se esté abordando no solo desde las entidades ambientales.
“Hay una participación de diferentes entidades, entre ellas Sunat, que trabajan en el control de diferentes insumos como mercurio y cianuro”, dijo.
A su entender, buena parte de los insumos ingresa legalmente y son comercializados por empresas formales.
Otro tema importante fue la puesta en marcha, por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del reglamento para otorgar autorizaciones de vertimientos y reutilización de aguas residuales tratadas. Con esto, se busca garantizar la protección ambiental de las fuentes naturales de agua dulce.
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
En el 2013 se aprobó un proyecto de ley que fortalece la fiscalización ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental(OEFA) y del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).
Entre otros puntos, se eliminan las trabas legales para el cobro de multas ambientales, una gran proporción de las cuales, según OEFA, fueron judicializadas (80% hasta abril).
Sobre el rol de la entidad, De la Puente opina que en el 2013 reforzó más su función punitiva que la preventiva: “OEFA se ha olvidado que es también el ente rector para promover una gestión ambiental más limpia. Ha estado más enfocada en perseguir el daño que en anticiparlo”.
Además, Rosa María Ortiz fue designada jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente y que iniciará funciones en el 2014, evaluará y aprobará los estudios de impacto ambiental detallados (EIAD) de los proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, que puedan causar impactos ambientales significativos.
MANEJO DE BOSQUES
En octubre, el Ministerio de Agricultura publicó el proyecto de reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para recibir comentarios hasta el 2014.
En octubre se aprobó el Plan de Inversión Forestal, con un fondo de US$50 mlls. para la conservación de bosques.