Torrealva, quien fue alcalde distrital de Pataz y ahora se ha integrado al partido Podemos Perú (PP), ha suscitado críticas por su participación en la Comisión de Energía y Minas. Este movimiento se da mientras se discute la Ley de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), una normativa que busca regularizar y formalizar estas actividades, pero que enfrenta tensiones por los intereses en juego.
El rol de los partidos políticos
El partido Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ha seguido los pasos de otras agrupaciones como Renovación Popular (RP), quienes han reclutado a dirigentes de minería informal para asegurar su influencia en el sector. Un ejemplo destacado es Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin, quien colabora estrechamente con Rafael López Aliaga.
Este enfoque estratégico no solo busca captar los votos de los mineros informales y sus familias, sino también garantizar el flujo de recursos económicos provenientes de la venta de oro. Según informes, un minero ilegal puede generar ingresos mensuales de hasta 100,000 dólares, lo que representa un atractivo financiero significativo para las campañas políticas.
Implicaciones de la participación de Torrealva
El ingreso de Torrealva a la Comisión de Energía y Minas ha generado controversias. En una reciente declaración, el dirigente no descartó postular al Congreso en 2026 y expresó su intención de redistribuir las concesiones mineras. Este tipo de propuestas pone en alerta a sectores formales de la minería, preocupados por la inestabilidad que estas medidas podrían generar.
Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció su retiro de las mesas de trabajo relacionadas con la Ley MAPE. La SNMPE argumentó una parcialización evidente por parte de Paul Gutiérrez, presidente de la comisión, hacia los intereses de la minería informal e ilegal.
Impacto económico y político
Según estimaciones, la minería ilegal genera anualmente más de 6,000 millones de dólares en exportaciones. Este volumen de negocio se traduce en un poder de influencia considerable en la toma de decisiones políticas, particularmente en regiones como Pataz, donde la minería informal constituye la principal actividad económica.
Además, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año más ha sido percibida como un incentivo para que los mineros informales sigan operando al margen de la ley. Esta medida, coordinada por Torrealva con apoyo de Podemos Perú, ha sido criticada por expertos en política minera.
Reacciones de la Sociedad Civil
El creciente protagonismo de actores vinculados a la minería ilegal ha generado preocupación entre organizaciones civiles y ambientalistas. Las implicancias negativas no solo afectan a los ecosistemas, sino también a la estabilidad económica de los operadores formales. Para muchos, la inclusión de estos dirigentes en espacios legislativos representa un retroceso en los esfuerzos por regularizar el sector minero.
En una carta dirigida al Congreso, la SNMPE expresó que el enfoque actual carece de un compromiso real hacia una minería sostenible y responsable, instando a que se prioricen propuestas técnicas y viables.