Con bloqueo del Corredor Minero del Sur, lograron que haya diálogo este 19 de noviembre.
Las comunidades campesinas del área de influencia de las minas Antapaccay y Coroccohuayco, consiguieron ayer forzar la llegada del primer ministro Vicente Zeballos para dialogar este 19 de noviembre en la provincia de Espinar.
Los comuneros habían bloqueado el Corredor Minero del Sur, vía que usan tres empresas (Hudbay, Glencore y Las Bambas) para transportar los minerales hacia el puerto de Matarani. Una fila de camiones encapsulados estuvo varada durante todo el día en la zona de Quelccapata, en la comunidad de Marquiri. Pasadas las seis de la tarde, se conoció que el primer ministro Zeballos había pedido reunirse el 19 de este mes. Las comunidades aceptaron, suspendieron la huelga y liberaron el corredor vial.
La medida empezó, según los comuneros, porque el Ministerio de Energía y Minas no fue capaz de atender sus demandas. Exigían dialogar con el presidente, Martín Vizcarra, y el primer ministro. “Estamos dispuestos a dialogar, pero con interlocutores que garanticen nuestros derechos; entre ellos, evitar que nos despojen de nuestras tierras”, dijeron muy temprano.
Reclaman que se corrija la omisión de la consulta previa para la entrega de la viabilidad de Antapaccay, propiedad de Glencore, en 2012. Dicen que se debe implementar un plan de reparaciones para resarcir los daños provocados. Asimismo, cuestionan el avance del proyecto de ampliación Ccoroccohuayco (tajo que se sumará a Antapaccay), porque estaría causando daños sociales y ambientales. “Exigimos la identificación de daños y la compensación a las comunidades”, añadió.
Otra demanda está dirigida a Glencore, para que empiece a dialogar con las comunidades sobre el supuesto incumplimiento de los acuerdos suscritos con los comuneros años atrás.
Hay que precisar que en Espinar funciona una mesa de diálogo para atender las demandas de toda la provincia, eso incluye a las 13 comunidades de la zona de influencia de Antapaccay. El 26 de agosto pasado, por ejemplo, en una reunión de trabajo, el Estado asumió el compromiso de evaluar el proceso administrativo que autorizó las operaciones de Antapaccay sin consulta previa. Sin embargo, han pasado más de dos meses y no hay respuesta.
Fuente: La República