Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco.
Gobernador regional de Cusco retoma la propuesta con algunos ajustes para asegurar compromiso de las mineras en los Fondos de Compensación Social.
Tía María no es el único proyecto minero que enfrenta el pedido de una población para que la licencia de construcción sea revocada, también le sucede a Coroccohuayco -la ampliación de Antapaccay-, de Glencore, ubicado en Cusco.
“Esta semana estuvimos con el Ministerio de Energía y Minas, y con 13 comunidades, quienes pedían que se anule el Estudio de Impacto Ambiental y la autorización de la licencia de construcción e iniciar un proceso de consulta previa”, expresó el gobernador de la región de Cusco, Jean Paul Benavente.
Recuerda que, la comunidad exigía una compensación por los proyectos que desarrolla la minera en la zona.
En ese sentido, Jean Paul Benavente considera que es necesario que las empresas mineras no solo participen en los proyectos sociales, sino que se involucren más en las iniciativas, en la que no solo se otorgue dinero a las comunidades, sino que pueden comprometerse con acciones más concretas.
“Es un error darles el dinero (a las comunidades), lo mejor es que el Estado tenga presencia o que las mineras también lo hagan a través de fondos de compensación social que ya se tiene”, afirma.
En el caso de Coroccohuayco, que es la ampliación de la unidad minera Antapaccay, que lleva adelante la suiza Glencore, con una inversión prevista de US$ 590 millones, sostiene que la exigencia de un proceso de consulta previa podría hacer revertir lo ya avanzado.
Así, el gobernador indica que los Fondos de Compensación Social podrían generarse también, a partir de una participación de las comunidades en el accionariado de los proyectos mineros.
Pero la figura sería para una asignación de compromisos de la empresa con la comunidad.
Jean Paul Benavente sostiene que no se trata solo de recursos, dado que en su región perciben alrededor de S/ 430 millones por canon gasífero y minero, sino de gestión con las comunidades.
Cabe indicar que, una iniciativa similar se observó en el 2012 en Puno, cuando el proyecto Ollachea, de Minera IRL, le dio una participación de 5% a la comunidad del mismo nombre, pero actualmente está paralizada por un problema societario.
Según el Ministerio de Energía y Minas , la región de Cusco tiene proyectos mineros previstos para este año como Coroccohuayco, por US$ 590 millones. A ello se suma una cartera de inversiones en proyectos como: Constancia, de Hudbay por US$ 1,800 millones; Anabi, de US$ 1,000 millones, Quechua de US$ 1,290 millones, entre otros.
Consultado sobre seguir la propuesta de la región de Moquegua, que señala que las empresas mineras deberían pagar un impuesto adicional de 10% sobre las utilidades, considera que más iría por una participación accionaria, sin precisar un porcentaje exacto.
“La participación dependerá de cada proyecto, no se podría generalizar”, remarcó.
Fuente: Gestión