El APR sirve al OEFA para financiar el ejercicio de la fiscalización ambiental, evaluación y sanción relacionadas con las actividades de minería y energía.
Nuevo fallo coadyuvará a reducir conflictividad en proyectos extractivos.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar infundada una demanda sobre el pago al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por concepto de aporte por regulación (APR) es un gran avance para conseguir la consolidación de la fiscalización ambiental en el país y su institucionalidad; además, ayuda a reducir la conflictividad respecto a los proyectos extractivos.
Así lo explicó la vicepresidenta de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto, quien agregó que la STC Nº 05410-2015-PA/TC fortalece el papel del Estado para que el OEFA fiscalice las actividades de las empresas en el Perú, así como defiende el derecho a la vida, la salud y a un ambiente sano de la población.
Impacto
El OEFA es el organismo estatal y regulador social con facultades de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental que vela por que las inversiones se realicen de manera adecuada, respetando la normativa y de esta manera se reduzca la contaminación.
Mientras que el APR sirve al OEFA para financiar el ejercicio de la fiscalización ambiental, evaluación y sanción relacionadas con las actividades de minería y energía.
“Además, permite proteger el derecho al ambiente sano y equilibrado de las personas mediante la aplicación de principios de la Ley General del Ambiente, como el de precaución y prevención”, manifestó Cueto.
Los ingresos por APR constituyen un pilar central en el presupuesto del OEFA y, por ende, para su existencia y cumplimiento de funciones. En el 2014, este ingreso representó el 179% (109 millones de soles) respecto al total del presupuesto del ente estatal; en el 2015 significó 76.8% (118 millones de soles); el 2016 representó el 84% (133 millones de soles); el 2017 fue el 86% (141 millones de soles); y el 2018 alcanzó el 70.1% (145 millones de soles).
DAR es una de las organizaciones de la sociedad civil que durante el proceso se pronunció públicamente por la puesta en riesgo de la capacidad de fiscalización del OEFA y su consiguiente debilitamiento institucional.
De ahí que presentaron información técnica complementaria para sustentar la legalidad y naturaleza de las contribuciones por APR mediante un recurso de amicus curiae, recalcó Cueto.
Fuente: El Peruano