Ante grave riesgo de debilitamiento en la fiscalización ambiental
ProActivo
Sin el aporte por regulación, OEFA podría perder el 74% del presupuesto de la fiscalización ambiental del 2019.
La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación ante el grave impacto que tendría el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del “aporte por regulación” que brindan las empresas mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a raíz de diversos procesos de amparo iniciados por empresas mineras, debido a que sin los ingresos por este concepto se recortaría el 74% del presupuesto para llevar a cabo la fiscalización ambiental.
La fiscalización ambiental es de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud. Por este motivo, el OEFA requiere contar con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que le permitan una eficiente labor y, para ello, las empresas supervisadas deben asumir los costos de la fiscalización ambiental. De lo contrario, se afectaría gravemente el rol que cumple este organismo.
Desde el año 2014, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de adoptar medidas para asegurar el presupuesto suficiente para que el OEFA cumpla con su labor y, desde el año 2017, planteamos la necesidad de que se suspendan los efectos de una posible sentencia que determine la no viabilidad del aporte por regulación, hasta que se asegure la sostenibilidad financiera de esta entidad, permitiendo de esta manera la continuidad del adecuado ejercicio de sus funciones.
Recordemos que, el OEFA tiene a su cargo la supervisión ambiental de importantes proyectos extractivos, como el proyecto minero La Bambas, Antapaccay (caso Espinar), así como las actividades petroleras en los Lotes 8 y 192. Para el 2019, se tienen programadas casi 7800 acciones de fiscalización ambiental. Con relación a la actividad minera, dicha entidad había priorizado la supervisión de 115 casos de alto riesgo ambiental en 30 unidades mineras, que involucran 77 puntos de vertimiento de efluentes en 47 cuerpos de agua. Un recorte del 74% del presupuesto para este año impediría cumplir con estas tareas adecuadamente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en hacer un llamado a la responsabilidad y a evitar debilitar la fiscalización ambiental en nuestro país, asegurando una adecuada protección de los derechos de las empresas, sin que ello signifique poner en riesgo la institucionalidad ambiental y, en consecuencia, la protección del derecho de la población a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.