Para enfrentar a la tala ilegal presente en territorios indígenas urge la implementación de la estrategia forestal, de fauna silvestre y de lucha contra la tala ilegal creada hace diez años, precisó el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez Velásquez.
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En la secuencia “Agenda Ambiental” de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló la necesidad de que el Estado actualice la citada estrategia. “Si bien una forma de actuación contra este delito es la represión, no basta, por lo tanto es necesario contar con una estrategia más integral, que incluyan a las comunidades nativas como un aliado en la lucha contra la tala ilegal”, remarcó.
Otra acción para afrontar la tala ilegal, en opinión del representante de la Defensoría del Pueblo, es el fortalecimiento de las instituciones forestales a fin de lograr una mayor fiscalización para evitar “el blanqueo de madera, que es uno de los problemas constantes en la Amazonía peruana”.
“No es posible que haya muy poco personal que pueda fiscalizar amplios espacios territoriales (en la Amazonía). Es necesario que esta situación cambie”, subrayó.
Normas dificultan proceso de titulación e inscripción de las tierras comunales
Una agenda pendiente para el funcionario, es la titulación de los territorios de las poblaciones indígenas. En ese sentido, explicó que como resultado de un informe emitido hace unos meses, sobre la labor de las Direcciones Regionales Agrarias encargadas de la titulación de las comunidades nativas, se encontró -por ejemplo- que las normas existentes son muy complejas, que hacen muy difícil el proceso de titulación e inscripción de las tierras comunales.
“Hay un conjunto de normas que son pre constitucionales, del año 78, que están vigentes en nuestro país y que nos remiten, para la solución de algunos temas, a foros agrarios que ya no existen desde hace varios años. Se requiere de una actualización normativa para simplificar (el proceso) de reconocimiento y titulación de comunidades”, enfatizó.
Otro escollo para el especialista está referido a la rectoría, es decir, quién da los lineamientos en el país para los problemas que puedan surgir en controversias de múltiples derechos sobre un espacio territorial. Como el caso del dirigente indígena asesinado Edwin Chota.
“En su territorio, en la comunidad de Alto Tamayo de Saweto, existían otros derechos que el Estado había otorgado desde bosques de producción permanente hasta concesiones forestales. Lo que generó en la práctica, que aun cuando la norma no impide la titulación cuando hay derechos de terceros, lo que sucedía era que el funcionario encargado de realizar el procedimiento, cogía el expediente y al notar la controversia de derechos, lo calificaba de complejo y encarpetaba el procedimiento que se seguía”, explicó Sánchez Velásquez.
Esta situación generó que once años después de haber solicitado el procedimiento de titulación, esta comunidad aún no pueda obtenerlo, refirió el especialista. “Esta situación ocurre en todo el país, en las comunidades nativas y campesinas, lo que genera que no puedan ser su propiedad protegida frente a invasores o terceros que ingresan a la zona”, advirtió.
“Esperamos que el Estado, tome cartas sobre este tema”, específico. Finalmente, dijo que la Defensoría del Pueblo continuará trabajando, a través de sus 38 oficinas a nivel nacional, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas