El gobierno regional de Apurímac intensificará sus acciones para legalizar la minería artesanal informal en su jurisdicción, cuyo crecimiento es preocupante por los problemas ambientales, sociales y contra la salud que fomenta, informó su director regional de Energía y Minas (DREM), Giovanni Frisancho Triveño.
Agregó que no tienen cifras exactas sobre el número de mineros artesanales que hay en el departamento, aunque se sabe que en el sector de Pachaconas trabajan entre 200 y 250; en el Progreso 70 u 80; y otros tantos en sitios focalizados.
“Pero lo que si sabemos, es que de aquí salen semanalmente unas 3.000 toneladas de mineral en bruto, de distintas leyes, sobre todo de oro y también de cobre”, refirió.
Garantizó que su tarea se centralizará en ayudarlos en la legalización de sus actividades, cuyos trámites “los espantan”, por lo que dicen “tanto papeleo, mejor sigo trabajando informalmente”.
Entre los pasos principales para aquello, citó el saneamiento del terreno, ver si la concesión está libre o es de alguna empresa. Si es libre, se hace un petitorio, se saca una certificación de ‘pequeño productor minero’ y luego la certificación ambiental, con lo que queda expedito para operar.
Denunció que las firmas acopiadoras son las que más fomentan la informalidad, suministrando a los informales compresoras, perforadoras, explosivos, combustibles y dinero, pero bajo la condición de que produzcan exclusivamente para ellos. “Al final les cobran por toda esa ayuda y el minero sólo gana un 30 o 40 por ciento de su producción”, indicó.
Señaló que ha trazado estrategias con el MEM, el Ingemmet y el Grupo de Diálogo para ver de qué manera pueden frenar el crecimiento de la minería informal en Apurímac y evitar de que “reviente como en Nazca, donde es incontrolable”.