- El Instituto Peruano de Economía propone agilizar permisos, mejorar la relación con comunidades y combatir la minería ilegal para acortar los plazos y atraer más inversión.
El desarrollo de un proyecto minero de cobre en el Perú puede tomar hasta 62 años desde su descubrimiento hasta el inicio de operaciones, advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su exposición en el Jueves Minero.
Precisamente, el IPE preparó un estudio titulado “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero del Perú”, a pedido del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), a fin de analizar la situación de la tramitología en nuestro país.
Gallardo indicó que el promedio general para todos los metales en el país es de 40 años, cifra muy por encima del estándar global de 28 años, según estimaciones basadas en 42 proyectos analizados por la institución. Incluso eliminando periodos en que algunos yacimientos fueron administrados por el Estado, el tiempo promedio en cobre se mantiene en 40 años, lo que evidencia una tendencia creciente.
El vocero del IPE señaló que el 60% de ese tiempo se consume antes de llegar a la etapa de factibilidad, principalmente por retrasos en los permisos y desafíos técnicos. Entre los ejemplos más representativos están Las Bambas, que tardó más de un siglo en entrar en operación, y Quellaveco, con más de 80 años de espera.
Proyectos paralizados
El IPE alertó además que el país concentra nueve de los 29 mayores proyectos de cobre paralizados en el mundo, lo que representa el 22% de la producción potencial global. Pese a los precios récord de los metales, la inversión minera en Perú permanece estancada, a diferencia de Chile, que sí ha reaccionado con mayores desembolsos.
Para revertir este escenario, Gallardo planteó tres ejes de acción: simplificar la tramitología con una ventanilla única más eficiente, fortalecer las relaciones con comunidades mediante un mejor uso del canon y reglas claras sobre la propiedad del territorio, y reforzar la presencia del Estado para combatir la minería ilegal que afecta proyectos en diversas regiones.
“Reducir los plazos de concesiones sin resolver la tramitología solo facilitaría el avance de la minería ilegal. Lo que necesitamos es acelerar proyectos viables y generar condiciones competitivas para nuevas inversiones”, enfatizó el economista en el evento del IIMP.
