El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 127-2025-PCM, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. Esta norma implementa una estrategia integral que combina tecnología de punta, control territorial, medidas penitenciarias más rigurosas y una participación operativa más amplia de las fuerzas del orden, buscando devolver la seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.
Creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada
El decreto crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), instancia encargada de articular y ejecutar acciones conjuntas de seguridad. Este órgano estará presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como los alcaldes de Lima Metropolitana y el Callao.
El CCO tendrá la misión de coordinar patrullajes, operativos y dispositivos tácticos integrados, con el propósito de restablecer el orden interno, reducir los índices delictivos y garantizar los derechos fundamentales de la población. Este enfoque busca optimizar los recursos y promover una acción estatal cohesionada frente al avance del crimen.
Tecnología satelital e inteligencia predictiva
Uno de los pilares de esta optimización es el uso de tecnología satelital y herramientas de vigilancia avanzada. El Comité de Inteligencia utilizará imágenes satelitales, drones y cámaras de videovigilancia —tanto públicas como privadas— para identificar zonas de riesgo y orientar las operaciones con precisión.
Además, se implementará el uso de algoritmos de reconocimiento facial y una plataforma digital de interoperabilidad, que cruzará información proveniente de comisarías, gobiernos locales y diversas entidades del Estado. Este sistema unificado permitirá anticipar actividades criminales y definir estrategias de intervención más efectivas.
Participación de cadetes y presencia disuasiva
El Decreto también dispone la incorporación de cadetes del último año de las escuelas de Oficiales y Suboficiales de la PNP en tareas operativas y administrativas dentro de las comisarías, bajo supervisión directa de sus superiores. En paralelo, cadetes de las Fuerzas Armadas realizarán marchas de campaña e instrucción en zonas estratégicas, con fines de entrenamiento, apoyo cívico y presencia disuasiva frente a posibles focos delictivos.
Medidas estrictas en los penales
En el ámbito penitenciario, la norma introduce controles reforzados en todos los establecimientos del país. Entre las medidas más destacadas figuran la restricción de visitas, el desmontaje de antenas ilegales de telecomunicación, el apagón eléctrico en celdas sin afectar la iluminación general, la incautación permanente de teléfonos, chips y armas blancas, el traslado de internos peligrosos y la rotación continua del personal penitenciario.
Asimismo, se intensificará el monitoreo aéreo mediante drones y la presencia obligatoria de efectivos policiales y militares en los accesos a los penales. También se verificará el funcionamiento de los inhibidores de señal para impedir la comunicación ilícita desde las cárceles.
Operativos y control ciudadano
El Decreto faculta la realización de controles de identidad, descerrajes, intervención de motocicletas con dos ocupantes, retención de vehículos con documentación irregular y recuperación de espacios públicos asociados a actividades criminales. A ello se suman operativos contra drogas, armas ilegales, pirotécnicos e insumos químicos.
La Superintendencia Nacional de Migraciones verificará y expulsará a extranjeros infractores, mientras que el sistema de recompensas reforzará la captura de requisitoriados, extorsionadores y sicarios.
