Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), la economía peruana creció un 3.2% en 2024, impulsada por la recuperación de sectores como la agricultura y la pesca, además de un mayor dinamismo en la demanda interna. Para 2025, se espera que el crecimiento se mantenga alrededor del 3%, impulsado por una inversión pública todavía elevada y una inversión privada algo más dinámica, en línea con mejores expectativas empresariales. Este último factor estaría respaldado por el inicio de grandes proyectos como Tía María, que contribuirían a reactivar sectores clave de la economía. Sin embargo, las proyecciones hacia 2026 apuntan a una desaceleración del crecimiento al 2.3%, debido principalmente a la incertidumbre electoral, que impactará las decisiones de inversión privada.
El contexto global, marcado por tensiones geopolíticas y alta volatilidad en los mercados, representa riesgos adicionales para las exportaciones peruanas, así como para la inversión privada. No obstante, el Perú mantiene fortalezas estructurales, como un sistema macroeconómico sólido y un sector financiero resiliente, que podrían amortiguar impactos externos. Al respecto, Diego Macera, Director del Banco Central de Reserva del Perú, dio una entrevista a ProActivo.
¿Cómo influye en la economía el ingreso a un año preelectoral?
El ingreso a un año preelectoral genera un entorno de incertidumbre que puede afectar las decisiones de inversión privada. “Es muy posible que las primeras encuestas a partir de octubre empiecen a pesar en el ánimo empresarial y quizá de consumo. Esto suele traducirse en una desaceleración del crecimiento económico. Creo, sin embargo, que un resultado decente en el 2026 podría ser suficiente para darle un buen impulso al crecimiento del 2027 en adelante: el empresario lo que más necesita es predictibilidad. Si a eso le podemos agregar algo de esfuerzo para tener un entorno más competitivo, tanto mejor. Hace muchos años que se percibe, sobre todo en el exterior, que el Perú es un país demasiado inestable. Eso nos ha costado, y ojalá lo podamos corregir al 2026”.
¿Cuáles son las tendencias en inversiones, qué grado de protagonismo tiene la minería y cómo puede favorecer al país?
La minería continúa siendo uno de los principales motores de inversión en el Perú. “Este año, la inversión minera sería cerca del 10% de la inversión total privada en el país, con US$5,500 millones. Ello es un crecimiento de 7.7% con respecto al 2024. Lamentablemente, dados los precios del cobre y del oro, nuestro portafolio de proyectos en fase de construcción debería estar creciendo a doble dígito y no lo está. El exceso de trámites y permisos administrativos, la conflictividad social latente, y el avance de la minería ilegal amenazan con desalentar futuras inversiones”.
¿Qué se requiere para recuperar el ritmo de crecimiento económico?
Elevar la productividad. “En la última década, el país experimentó un crecimiento mediocre del PBI, con un promedio del 2.3% entre 2014 y 2023, en contraste con el 6.4% de la década anterior. Este estancamiento se atribuye, en parte, a deficiencias en infraestructura, baja calidad del servicio civil, brechas en educación y debilidades en la garantía de Estado de Derecho. Si tuviera que elegir apenas dos temas, los fundamentales son contar con un Estado más eficiente a partir de un mejor servicio civil, y poner el foco en que más trabajadores se desenvuelvan en empresas más grandes”.
¿Cuánto afecta la minería ilegal en ingreso al fisco y en atracción país?
Según estimaciones del IPE, en 2023 la exportación de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas, equivalentes a US$4,833 millones. El año pasado, habrían salido más bien 92 toneladas de oro ilegal por un valor de casi US$7,000 millones.
“Es un problema serio desde varios ángulos. El ambiental es uno de los principales -los pasivos que deja la minería ilegal, sobre todo en zona de selva, son realmente un crimen-. También está la arista fiscal, con cientos de millones de soles no recaudados. Quizá el tema más urgente es la articulación de la minería ilegal con otros crímenes graves, como el sicariato, extorsión, narcotráfico y trata de personas. Finalmente, la minería ilegal impide el desarrollo de inversiones y operaciones formales en varias zonas del país, como Arequipa, La Libertad y Cajamarca”.
¿Perú requiere reformas en el diseño económico para mejorar el clima de inversiones? Si es así, ¿Cómo y cuál es el grado de importancia nacional?
“Las medidas implementadas a inicios de los 90 ya establecieron un marco sólido y atractivo para la inversión privada. Incluyeron la delimitación del rol subsidiario del Estado, los principios básicos de responsabilidad macroeconómica, la garantía de igualdad de condiciones para la inversión local y extranjera, entre otras disposiciones cuyo marco central fue la libre iniciativa privada. Del artículo 58° al 65°, que conforman el llamado ‘capítulo económico’ de la Constitución, la verdad no encuentro nada qué cambiar. En temas más legislativos, es posible que los asuntos laborales y de descentralización sean los más urgentes para dinamizar la economía. El Perú también tiene mucha carga administrativa o burocrática, y mucho de eso podría resolverse con normas de rango menor más sensatas. El Estado a veces tiene una vocación controlista que luego es difícil frenar y, lo que es peor, difícil de ver porque la normalizamos”.