Comunidades están dispuestas a retomar protestas contra el sector minero si el gobierno de Pedro Castillo incumple lo que consideran un acuerdo firmado sobre el cierre de algunas minas, anunciaron dirigentes de zonas en conflicto.
El gobierno suavizó el miércoles su postura anterior de frenar la extensión de operaciones de cuatro minas en la región de Ayacucho, al afirmar que las empresas pueden solicitar prórrogas y cambios para seguir trabajando.
“Las minas ya tienen un plan de cierre y queremos que se ejecute”, dijo Julio Guillermo Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas en Ayacucho, una de las comunidades opositoras a las minas. “En este momento nuestro paro indefinido está solamente suspendido y lo reanudaremos”.
Las comunidades en conflicto firmaron el viernes un acuerdo con la primera ministra Mirtha Vásquez, en la que el gobierno se comprometió a mediar los términos para el cierre de las cuatro minas en la región de Ayacucho, entre ellas la productora de plata Inmaculada de Hochschild Mining.
Esa decisión hundió las acciones de Hochschild antes de que sus papeles se recuperaran en la víspera, tras conversaciones durante la semana del gobierno con líderes del sector minero.
En la bolsa de Londres el papel de la compañía subía el jueves un 17% a 142.5 peniques, en una de las mayores ganancias en el índice de capitalización del Reino Unido, después de que Hochschild dijera que su mina Inmaculada y otra en Ayacucho seguirán operando con las normas actuales.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y plata.
“Ellos (las mineras) si quieren pueden solicitar la extensión de sus operaciones, están en su derecho, pero nosotros no queremos”, afirmó Gutiérrez a Reuters.
El campamento de la pequeña productora local de oro Apumayo, una de las minas en conflicto, fue incendiado a fines de octubre en medio de una protesta contra sus operaciones. La policía aún investiga quienes provocaron el incendio.
Minería en cuencas
Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre prevista, pero podrían modificarse si hallan más recursos y si los reguladores lo permiten. Las cuatro minas en conflicto tienen actualmente un cronograma de cierre en plazos que varían desde este año hasta el 2025, indicó el gobierno.
El conflicto se produce cuando el país transita por una ola de protestas contra el sector minero a menos de cuatro meses del ascenso al poder de Castillo, quien ganó unas apretadas elecciones con la promesa de otorgar mayores beneficios económicos a las comunidades pobres.
Che Bernaola, representante del llamado comité de lucha de Ayacucho Sur, afirmó a Reuters que exigirán que se respete el cierre de las minas. “Si el gobierno no cumple con el acuerdo firmado activaremos la protesta que se había suspendido”.
La mayoría de la población de Ayacucho y de otras regiones mineras votaron por Castillo en las elecciones. “Dudo de que nos traicionen ahora de esta manera”, dijo Bernaola.
El dirigente difundió una carta pública el miércoles en la que invocó a la región a sumarse a la defensa del agua y de sus tierras que han sido “envenenadas” por la minería. “No más minería en cabeceras de cuencas” de agua, demanda la misiva.
El estatal Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó en un reporte que ha realizado 82 acciones de supervisión a las cuatro minas en conflicto entre el 2013 y 2021 y que identificó incumplimientos que generaron multas.
Las mineras han afirmado de forma separada que cumplen con los estándares ambientales y que sus operaciones no contaminan la zona, que vive generalmente de la ganadería y agricultura.
El presidente ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, dijo esta semana que la compañía tiene planes de seguir invirtiendo en su mina Inmaculada, que representa más del 60% de sus flujos de efectivo, según su informe anual del 2020.
Fuente: Reuters