La situación de las demandas de casi 4,000 personas de La Oroya contra Doe Run está tomando un giro en EE.UU. En abril de este año, el juez que ve este proceso en Misuri pidió la verificación de las identidades de 108 demandantes debido a una serie de indicios de irregularidades que se habían detectado.
En 2018 y 2019, dos cortes de Missouri, EE.UU., hicieron noticia porque aceptaron ver dos demandas que involucraban a unas 4,000 personas de esa ciudad de Junín, dando lugar a que el proceso se desarrolle en territorio estadounidense y no en el Perú.
Hoy, la noticia es que en marzo de este año una de las cortes recibió evidencia de casos donde los documentos de los demandantes habían sido notariados antes de que estos los firmaran, entre otros indicios de fraude y que al haber sido mostrados a los abogados de los demandantes, no fueron debidamente refutados, según un documento de los abogados de la empresa presentado a dicha corte.
Luego de lo sucedido, el 8 de abril de este año, el juez Rodney W. Sippel ordenó a los defensores de los oroínos que realicen una prueba inicial para verificar las identidades de 108 demandantes y ratifiquen su intención de demandar, según la resolución a la que tuvo acceso este diario. Para ello, estableció un plazo de 60 días.
“Los demandantes de la prueba inicial que hayan alcanzado la mayoría de edad podrán asistir por sí mismos, mientras que los menores podrán ser acompañados por uno de sus padres o tutores”, se lee en la orden suscrita por el juez, la cual debía ser cumplida por los abogados que los representaban y con presencia de un representante legal del equipo de la empresa.
La verificación de las identidades requería que se tomara una fotografía de las personas exhibiendo en un soporte con fondo blanco su nombre, fecha de nacimiento y número de DNI, además de una declaración de mutuo acuerdo donde las partes confirmaran los referidos datos y que el demandante estaba procediendo voluntariamente con las acciones legales que se encontraban en la corte.
Perú21 supo que el proceso de verificación se realizó en mayo, en La Oroya y en Huancayo. Si bien hubo una alta reserva respecto a la cantidad de identidades verificadas, el número no habría alcanzado las 108 requeridas por el juez de EE.UU.
Este diario contactó a una de las personas involucradas en la demanda, quien aseveró que su madre sí había dado el consentimiento para hacer la denuncia en su momento (cuando esta persona era menor de edad), pero que no asistieron a la verificación.
“Nosotros no quisimos (ir a validar)”, manifestó.
Según trascendió, inicialmente cada demandante pedió un millón de dólares como indemnización por la contaminación de plomo.
La Oroya: un futuro incierto
Mientras el proceso legal aún tiene camino por recorrer en la corte de Missouri, el futuro de La Oroya es incierto, igual que el Complejo Metalúrgico y la situación de los extrabajadores de Doe Run.
Para Miguel Huanay, expresidente de la Cámara de Comercio y Empresarial Provincial de Yauli (La Oroya), la duración de las demandas, que ya llevan más de 20 años desde que se recogieron los datos de los afectados, ha ocasionado que muchos inversionistas se alejaran de La Oroya, que en sus mejores tiempos producía cobre, plomo y zinc.
“Esto ha generado el estancamiento y ha evitado que el Complejo Metalúrgico se venda. ¿Qué significa esto? Que nadie ha querido comprar un problema. Ese complejo tenía un movimiento de US$2,000 millones al año y producía cerca de US$500 millones en impuestos. Todo está estancado. La Oroya actualmente está con su capacidad instalada ociosa al 95%”, comenta.
Liquidación
Para el exalcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, el camino que sigan las demandas ya no afectarían el futuro de La Oroya, pues al iniciarse el remate del Complejo, ya no habría marcha atrás.
El 31 de mayo la administradora concursal A1 de la empresa Doe Run Perú en liquidación publicó en El Peruano que el remate se realizará en tres fechas: el 9, el 14 y el 17 de junio.
Fuente: Perú 21