La decisión fue adoptada mediante una adenda con el objetivo de buscar una pronta solución para reactivar el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la unidad minera Cobriza.
Dicha adenda estipula que, no obstante el vencimiento del convenio de liquidación, el próximo 27 de agosto, la empresa concursal Profit continuará ejerciendo la representación legal de Doe Run Perú (DRP) hasta que se adopten los acuerdos concursales pertinentes. De esta manera, se extenderá la vigencia del contrato de prestación de servicios a la entidad liquidadora y al supervisor hasta la próxima Junta a convocarse.
Asimismo, se estableció que Profit no podrá tomar acciones en relación a temas laborales hasta la siguiente reunión de la Junta de Acreedores de DRP, cuya fecha aún no se ha determinado.
La Junta de Acreedores se realizó en el Colegio Médico del Perú, en el distrito limeño de Miraflores, y tuvo una duración aproximada de dos horas.
La modificación del convenio de liquidación de DRP contó con la aprobación del 99.48% de los acreedores asistentes, entre los que figuran el Ministerio de Energía Minas (MEM) y los acreedores laborales.
Luis Castillo, representante de los acreedores laborales, solicitó que a la brevedad posible se convoque a una próxima reunión de Junta de Acreedores y sugirió que en dicha asamblea se considere en agenda la ratificación del proceso de liquidación en marcha; la ratificación o cambio de la entidad liquidadora; la designación de la entidad liquidadora, de ser el caso; y la aprobación del convenio de liquidación en marcha.
Informe de UBS
A pedido de la Junta de Acreedores, el banco de inversión suizo UBS, contratado para que conduzca la subasta internacional, presentó un informe detallado sobre el proceso de venta del CMLO y la mina Cobriza.
En dicho informe se concluye que los temas ambientales y laborales fueron los más cuestionados por los postores.
Según el informe, los postores solicitaron una reconfirmación explícita del compromiso de Activos Mineros con la remediación de los suelos del CMLO y su responsabilidad con los pasivos históricos. Asimismo, exigieron mayor flexibilidad para la recontratación del personal.
Rosario Patiño, representante del MEM, solicitó que la administración evalúe estos temas y alcance a la Junta de Acreedores algunas propuestas respecto al informe de UBS con el fin de tomar acciones que permitan continuar con el proceso de venta de la CMLO y la unidad minera Cobriza.
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