Firmas como APM Terminals han estado interesadas en adquirir o alquilar parte del complejo.

Si el complejo metalúrgico de La Oroya no logra ser adjudicado en la fecha prevista, 1.300 trabajadores estarían dispuestos a comprarlo. El universo de acreedores laborales suma 3.500.

La liquidación de Doe Run ingresa este año a su recta final, luego de una década de ansiedad para los acreedores y la ciudad de La Oroya, que ha visto decaer a su población en ese tiempo.

Carrizales Infraestructura, el nuevo liquidador concursal, se ha propuesto poner fin a esta historia, ya sea transfiriendo los activos de la minerometalúrgica o parcelándolos para su venta. Algo que podría suceder con el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), si no logra ser adjudicado en la fecha prevista.

En efecto, Carrizales ha propuesto adjudicar este activo a los trabajadores metalúrgicos a más tardar el 31 de abril, y vender Cobriza el 31 de julio, de tal manera que Doe Run dejaría de existir, oficialmente, el último día del año. Sin embargo, este planteamiento tiene sus bemoles.

El principal tiene que ver con la viabilidad de la adjudicación del CMLO a los trabajadores minero-metalúrgicos. La pregunta de fondo es si estos cuentan con el respaldo de inversionistas capaces de aportar los US$110 millones que costará reactivar los circuitos de plomo y zinc. Lo visto en el último año obliga a responder que no.

¿ESTRATAGEMA LABORAL?

Entre mayo y setiembre de 2018, los acreedores laborales tuvieron la opción de adjudicarse el CMLO y Cobriza, mediante una combinación de canje de acreencias y aportes de socios inversionistas.

Sin embargo, el socio seleccionado por ellos, Samsel Group, resultó siendo un fiasco, pues jamás pudo acreditar que disponía de crédito. No obstante, los operadores metalúrgicos persistieron en respaldarlo durante largos meses.

La explicación de este proceder, según algunos acreedores, es que los trabajadores estuvieron dilatando el proceso para acumular créditos corrientes impagos.

“El proceso promovido por los acreedores laborales tomó cinco meses y sus acreencias corrientes se incrementaron US$7,5 millones en dicho lapso”, apunta un acreedor minoritario.

De acuerdo a esto, los trabajadores habrían acumulado suficiente cantidad de acreencias corrientes (US$60 millones) y concursales (US$42 millones) para adjudicarse el CMLO “sin poner un centavo”, dejando sin pago a los demás acreedores corrientes.

Juan Cangalaya, ex asesor de los trabajadores metalúrgicos, opina que esto no es posible porque la ley obliga a agotar toda la deuda corriente antes de usar la concursal. Además, apunta que existe un límite que impide canjear la totalidad de las acreencias corrientes.

Ello significa que los laborales sólo podrían disponer de US$20 millones de créditos corrientes para adquirir el CMLO (valorizado en US$68 millones). La pregunta es: ¿cómo harán para obtener la diferencia?

OPERADOR LOGÍSTICO

Según Cangalaya, la solución consiste en vender una porción del complejo a un operador logístico y de almacenamiento de minerales, deseoso de tomar posiciones en la sierra central.

“Esto haría viable que los acreedores laborales puedan cancelar el precio de compra del CMLO, compensando deuda laboral y el saldo en efectivo”, refiere.

Cabe recordar que en su momento APM Terminals estuvo interesado en participar en este esquema. Trascendió que estaría dispuesto a pagar hasta US$25 millones.

OTROS DATOS

► Los trabajadores de Doe Run sostienen que pueden canjear el CMLO por sus acreencias corrientes y concursales acumuladas.

► La ley, sin embargo, obliga a pagar primero los créditos corrientes de los demás acreedores.

► CMLO y Cobriza tienen un precio base de US$68 millones y US$70,5 millones, respectivamente.

Fuente: El Comercio