En el segundo aniversario del derrame de petróleo en Ventanilla, el presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Johnny Marchán, revela que Repsol ha optado por judicializar la mayoría de las 28 sanciones impuestas por el OEFA desde 2022. Marchán destaca que Repsol ha impugnado ante el Poder Judicial multas equivalentes a S/97 millones, luego de que el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA dictara sanciones en procedimientos administrativos.
El derrame de petróleo en Ventanilla ocurrió hace dos años, y desde entonces, el OEFA ha aplicado 28 medidas administrativas, incluyendo disposiciones para la limpieza continua de la zona afectada. Sin embargo, Marchán señala que Repsol ha incumplido varias de estas medidas, especialmente aquellas relacionadas con la presentación de planes de rehabilitación para la limpieza y recuperación de formaciones costeras.
Ante el incumplimiento de Repsol, el OEFA ha impuesto multas coercitivas por un total de S/2,9 millones entre 2022 y 2023. Además, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA ha dictado multas adicionales por S/97 millones en procedimientos administrativos, las cuales Repsol ha impugnado ante el Poder Judicial.
Marchán destaca que, a pesar de las sanciones impuestas y la labor de remediación, ciertos aspectos como la reapertura de playas y la reanudación de la pesca no están dentro de la competencia del OEFA y corresponden a otros sectores. El presidente del OEFA también menciona que están trabajando en cambios regulatorios para adaptarse a la nueva realidad del país y ampliar los modelos de supervisión y fiscalización.
En cuanto a los desafíos futuros, Marchán señala que en 2024 el OEFA recibirá la transferencia de competencias de cuatro sectores: salud, educación, vivienda y saneamiento. Esto requerirá ajustes en los modelos de fiscalización para adaptarse a las características de cada sector. Además, el OEFA está explorando la autorregulación en ciertos sectores, comenzando con los grifos y el sector de energía, para fomentar el cumplimiento de normas ambientales y no ser solo una entidad sancionadora.
En cuanto a la fusión de permisos para agilizar procesos, Marchán sugiere que se debe hacer más ágil la respuesta del Estado y que, cuando sea posible, se podrían fusionar algunos permisos, aunque reconoce que esto puede llevar tiempo si depende de múltiples sectores.