Depósitos Químicos Mineros (DQM), empresa de capitales noruegos, viene evaluando seriamente la posibilidad de llevar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta alternativa, que ya había sido anticipada a inicios del año, se torna cada vez más probable tras nuevas preocupaciones relacionadas con el proceso concursal de Doe Run Perú (DRP), especialmente por la continuidad de Consultores A-1 como empresa liquidadora.
En 2007, DQM firmó un contrato con el complejo minero Doe Run Perú para el almacenamiento de ácido sulfúrico producido en el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Sin embargo, en 2010, DRP ingresó a un proceso concursal de insolvencia.
Según DQM, “de acuerdo a la ley concursal, los pagos por servicios esenciales, como los que brindamos, deben ser considerados como créditos corrientes, lo que significa que deben pagarse de inmediato, sin esperar a que concluya el proceso de insolvencia”. No obstante, cuando un nuevo liquidador fue designado en 2014, la clasificación del crédito fue desestimada: Doe Run Perú negó que los servicios de DQM fueran esenciales, integrando la deuda en el concurso y dejando sin efecto el pago inmediato de estos créditos.
En 2015, DQM decidió interponer una demanda arbitral contra Doe Run Perú por un monto de US$ 16.8 millones por servicios no pagados, sin incluir intereses ni penalidades. El caso fue llevado ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El Laudo Final fue favorable a DQM: ordenó a DRP pagar US$ 14.3 millones, además de intereses y penalidades, reconociendo el carácter corriente del crédito. Incluso se dictaron tres medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de este fallo.
Sin embargo, DQM sostiene que Doe Run Perú ha incumplido con lo dispuesto en el laudo desde 2022. “A pesar de las medidas cautelares dictadas, seguimos sin ser compensados”, señaló un vocero de la empresa.
El rol del Minem y la preocupación por Consultores A-1
Lo que agrava la situación, según DQM, es la inacción del Ministerio de Energía y Minas (Minem) frente al incumplimiento del laudo arbitral. A ello se suma la inquietud por la continuidad de Consultores A-1 como empresa liquidadora del proceso concursal de Doe Run Perú.
El desempeño de Consultores A-1 ha estado bajo escrutinio. Esta firma lideró el proceso de liquidación desde inicios de 2022 hasta finales de 2024. En diciembre del año pasado, perdió su registro como liquidadora, pero logró recuperarlo poco después. En febrero de este año, fue ratificada nuevamente por la Junta de Acreedores de DRP.
Ante esta situación, el abogado Adrián Simons Pino, del estudio jurídico Simons & De Noriega, ha expresado su preocupación. “Hemos solicitado, vía acceso a la información, la resolución de sanción —esta es la segunda— que ha emitido la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi contra Consultores A-1 y su representante legal. Esta resolución es del 12 de febrero y se refiere al periodo del 2022”, explicó.
Simons cuestionó el respaldo que el Minem sigue otorgando a una entidad que, según su interpretación, presenta serios cuestionamientos. “No entendemos cómo es que el Minem continúa respaldando la designación de un liquidador tan cuestionado. Ya en diciembre fue retirado por no cumplir con los requisitos legales para ejercer el cargo, y ahora ha sido reincorporado pese a una sanción en curso”, señaló.
Sanción de Indecopi y manejo irregular de fondos
Según información brindada por Indecopi, se identificaron 34 gastos efectuados por Consultores A-1 entre mayo y junio de 2022, que ascienden a un total de US$ 569,948.83 y S/ 45,778.60. Estos montos incluyen gastos diversos como servicios legales, alquileres, pagos a contadores y gastos de alimentación.
“Estos gastos fueron realizados sin sustento documental, es decir, no han sido acreditados de manera adecuada”, detalló Simons. Esta falta de sustento constituye, según el abogado, un perjuicio directo contra los acreedores del proceso concursal, calculado en aproximadamente S/ 2.1 millones.
En consecuencia, Indecopi impuso una multa tanto a Consultores A-1 como a su representante legal, ordenando el pago individual de 100 UIT, equivalentes a S/ 535,000 cada uno. “Es preocupante que una entidad del Estado como el Minem siga avalando a esta liquidadora, cuando se le ha sancionado por incumplimientos tan graves”, reiteró el letrado.
¿El Perú ante un nuevo arbitraje internacional?
Este conflicto podría escalar al plano internacional. DQM evalúa activar mecanismos de protección de inversiones al amparo del tratado bilateral entre Noruega y Perú, lo que significaría presentar una demanda arbitral ante el Ciadi. Esta posibilidad ya fue adelantada por la empresa a inicios de año, pero el nuevo respaldo del Minem a Consultores A-1 podría acelerar este camino.
El caso se suma a una creciente lista de controversias que involucran al Estado peruano ante instancias internacionales. Como se ha reportado previamente, el Perú “lidera” la región en número de demandas ante el Ciadi, enfrentando procesos millonarios en distintos sectores.