El reciente escándalo en el Congreso peruano ha puesto bajo los reflectores al vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y a una de sus asesoras, quienes han sido vinculados como abogados de un minero informal. Esta revelación ha levantado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la relación entre legisladores y actividades ilegales como la minería.
Según informes de “Punto final”, Eduardo Salhuana y su equipo brindaron asesoramiento legal a Eloy Saxi, un minero informal, en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios. A pesar de las negaciones iniciales del congresista, documentos revelan su participación como abogado de Saxi hasta junio de 2021, incluso después de las elecciones y la campaña electoral.
Conflicto de intereses
Un detalle que levanta sospechas es la entrega de una notificación del Ministerio de Energía y Minas a Eloy Saxi en la dirección de la oficina de enlace del despacho de Eduardo Salhuana en Puerto Maldonado. Este hecho sugiere una relación continua entre el parlamentario y el minero, desafiando las afirmaciones de Salhuana sobre la finalización de su relación con el caso.
La asesora de Salhuana, Saby Meza, también se encuentra bajo escrutinio por su participación en el caso de Eloy Saxi ante el Consejo de Minería en diciembre de 2022. Aunque ella niega un conflicto de intereses, su vinculación con el caso plantea interrogantes sobre su ética profesional y la transparencia en el equipo del congresista.
A pesar de las alarmantes cifras proporcionadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el tamaño de la minería ilegal, que supera los U$S8.500 millones, parece haber una falta de preocupación por parte de algunos congresistas. Esta apatía hacia un problema tan grave como la minería ilegal plantea interrogantes sobre las prioridades y la integridad de ciertos sectores políticos en el país.