En Perú, se estima que existen más de 300,000 mineros artesanales, según registros del Estado. Sin embargo, el 95% de ellos operan en concesiones ajenas, lo que dificulta significativamente su formalización. Este problema radica en la necesidad de contar con la autorización de las concesionarias para realizar actividades legales.
Minería Artesanal, Informal e Ilegal: Diferencias claves
Uno de los principales desafíos es la falta de claridad al diferenciar entre minería artesanal, informal e ilegal. Según Yaranga, los mineros ilegales operan en áreas prohibidas, como parques nacionales y riberas de ríos, utilizando insumos químicos tóxicos. Por otro lado, los mineros artesanales trabajan en terrenos autorizados, siguiendo una tradición que se remonta a épocas preincaicas, como en Pataz, una región con historia minera ancestral.
Yaranga también señala que el problema se agudizó tras la pandemia, debido al aumento de la delincuencia organizada en regiones mineras.
Ampliación del Reinfo
La ampliación del Reinfo ha sido descrita por Yaranga como un “calmante temporal” que no aborda el problema central: la falta de acceso a concesiones por parte de los mineros artesanales. Mientras que esta medida evita que más de 300,000 mineros se conviertan en ilegales, no garantiza avances significativos hacia la formalización.
Además, los expertos coinciden en que el proceso de formalización requiere un enfoque integral, que incluya censos detallados, supervisión gubernamental efectiva y colaboración con las plantas de procesamiento de minerales.
Plantas de procesamiento
A diferencia de los mineros ilegales, los artesanales no procesan oro directamente. En su lugar, transportan el material extraído a plantas de procesamiento autorizadas, como la planta Paltarumi en Paramonga. Estas instalaciones verifican la documentación y cruzan información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para garantizar la legalidad del material.
Propuestas para una minería artesanal sostenible
Yaranga propone realizar un censo nacional para identificar la cantidad y ubicación de los mineros artesanales e ilegales. También sugiere fortalecer la supervisión gubernamental y promover la convivencia entre los diferentes tipos de minería: artesanal, de mediana escala y gran minería.
Además, enfatiza la necesidad de un enfoque político firme, incluyendo una mayor supervisión de las fuerzas policiales en regiones conflictivas como Pataz. La implementación de sistemas de contrainteligencia podría ayudar a prevenir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las leyes.
Papel del Gobierno y las concesionarias
La Ley MAPE, aunque bien intencionada, prioriza los intereses de las concesionarias sobre los mineros artesanales. Por ello, es fundamental encontrar un equilibrio que permita a estos trabajadores acceder a concesiones sin comprometer la sostenibilidad ambiental ni los derechos de las comunidades locales.