- El vicepresidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, señaló a la minería ilegal como una amenaza para la industria y para el proceso de formalización.
El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, aseguró que ser el tercer productor mundial de cobre no significa que el país deje de ser un destino relevante para la inversión minera. Desde el 2023, Perú descendió al tercer puesto en la producción global del metal rojo, al ser superado por la República Democrática del Congo, que se ubica detrás de Chile que sigue siendo el primero del ranking. Sin embargo, señaló, en diálogo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que esta nueva posición implica que estamos dejando de aprovechar una oportunidad para acelerar el desarrollo de nuestro país y su consecuente impacto en la reducción de pobreza.
Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el Congo habría cerrado el 2024 con una producción de 3.3 millones de toneladas, mientras que Perú con 2.7 millones de toneladas, una diferencia de 500 mil toneladas.
El vicepresidente del IIMP añadió que en los últimos años el país ha trabajado en recobrar los niveles de producción minera antes de la pandemia e impulsar los nuevos proyectos como Mina Justa (2021) y Quellaveco (2023), así como ampliaciones en minas existentes como Toromocho.
“Pero ya no hubo nuevos proyectos en el 2024, mientras en la República Democrática del Congo sí ha habido nuevas minas y ampliaciones relevantes como fue el caso de la mina Kamoa-Kakula”, sostuvo Ortiz en entrevista con el IIMP.
Agregó que para este año se espera una producción de cobre ligeramente superior a la del 2024 basado en incrementos programados en algunas minas como Las Bambas, que planea iniciar producción desde un nuevo sector de su operación. La proyección del Ministerio de Energía y Minas busca superar los 2.8 millones de toneladas métricas finas de cobre.
“Un punto clave para retomar el crecimiento en producción de cobre es la optimización de los procesos de evaluación y autorización de permisos para ampliaciones y nuevos proyectos mineros”, dijo.
Destrabe de proyectos
Frente al desafío de destrabar la ejecución de proyectos mineros en el Perú, Ortiz resaltó como una amenaza la minería ilegal. Advirtió además que podría haber un impacto de cara al proceso electoral de 2026.
“La cercanía de las elecciones puede generar incertidumbre en inversionistas (principalmente los extranjeros). Asimismo, el avance de la minería ilegal que bloquea el acceso de nuevos mineros a la formalidad”, comentó.
Añadió que la ramificación de la minería ilegal incluso pretende modificar el marco regulatorio de las concesiones mineras que ha sido un pilar para el desarrollo de la industria minera peruana de las últimas décadas.
Y es que desde el Congreso de la República se busca modificar la Ley General de Minería y con ello cambios para las concesiones mineras con nuevos plazos y penalidades. La iniciativa legislativa busca recortar el plazo de vigencia de esas concesiones cuando estas no inicien sus inversiones en determinados plazos.
Asimismo, se propone aumentar las penalidades económicas por incumplimiento de la producción mínima anual efectiva a los 20 años desde su titulación (hoy es desde los 30 años).
