Por: Mónica Belling, directora de ProActivo
En Perú, la extracción ilegal de los minerales avanza y se camufla en la informalidad. Este problema, que preocupa a líderes del sector minero y a la sociedad civil, exige una respuesta comprometida en el bienestar general del país.
Desde un enfoque social, los efectos son graves porque vulnera al ser humano y al medio ambiente. Las comunidades sufren la contaminación de sus aguas, la deforestación de la Amazonía y los resultados son la degradación de un entorno saludable, mientras los trabajadores son expuestos a condiciones laborales peligrosas y sin seguridad. Los recursos naturales, que deberían ser una fuente de desarrollo y aprovechados de manera sostenible, son destruidos y la remediación, de ser posible, recaerá en una responsabilidad del gobierno para los ciudadanos.
Desde una perspectiva técnica y empresarial, el impacto es negativo. Así lo han manifestado voceros de diversas entidades como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y diversas entidades de la sociedad civil.
La extracción ilegal usa mal los recursos minerales y el agua y deja áreas contaminadas. Este entorno de ilegalidad no es favorable para atraer la inversión formal y responsable, que opera bajo las estrictas normas ambientales y sociales de Perú. En cambio, la minería formal que en el país opera, es competitiva a nivel global y asume compromisos que canalizan el desarrollo.
La solución a este problema requiere un enfoque integral, para encontrar soluciones sostenibles. La prosperidad del Perú está frenada por este punto de dolor.
Este artículo es parte de la Revista ProActivo N° 250, para ver la edición completa haz clic aquí.
