Por: Angela Grossheim, exministra de Energía y Minas
El 5 de mayo del 2021, ProInversión adjudicó el proyecto de la línea de transmisión Puerto Maldonado – Iberia (Madre de Dios) y subestación Valle del Chira (Piura). En la licitación, realizada en un contexto complejo, se logró que cuatro consorcios, integrados por empresas de primer nivel presenten propuestas y que la oferta ganadora estuviera cerca de 39% por debajo del valor máximo.
Esta adjudicación nos motiva a reflexionar sobre algunas características de estos procesos, los resultados obtenidos y la necesidad de mejorarlos y mantenerlos en el tiempo.
En primer lugar, debe recordarse que un sistema de transmisión de electricidad es necesario para llevar energía de los centros de producción (centrales de generación) a los centros de consumo (grandes clientes y clientes de servicio público) de una manera continua, a costos razonables y sin interrupciones, además de mantener la seguridad en el sistema. En este sentido, si bien no siempre somos conscientes de su importancia, un sistema de transmisión confiable es crucial para contar con un servicio eléctrico de calidad y con costos predecibles.
Si bien la inversión privada en transmisión eléctrica se puede encontrar desde la licitación de la línea de transmisión Mantaro–Socabaya en el año 1999 (que interconectó los sistemas eléctricos sur y norte del país) y la privatización de Etecen y Etesur en el año 2002, no es hasta la segunda reforma del sector eléctrico del año 2006 que se consolidó.
En ese año, se promulgó la Ley 28832 “Ley de Generación Eficiente”, la cual, ante los niveles de congestión en las líneas y sobrecostos por falta de capacidad de transmisión, tuvo como uno de sus ejes principales la implementación de un mecanismo de planificación de las inversiones en transmisión donde intervienen entidades como el Minem, Osinergmin y el Comité de Operación Económica del Sistema (COES).
Los proyectos escogidos, rigurosamente evaluados en base a modelos de optimización usando diferentes criterios (diferencias de precios entre nodos, contribución a la confiabilidad ante salida de otros elementos del sistema, costos de inversión, operación, pérdidas de energía y de racionamiento, entre otros), pasan a formar parte del sistema garantizado de transmisión y son encargados a ProInversión para que las licite como APP mediante un esquema de contratos BOOT (build, own, operate and transfer) a 30 años.
Los costos de inversión y operación y mantenimiento de estos proyectos son reconocidos mediante cargos tarifarios pagados por los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. ProInversión también licita proyectos de transmisión aprobados en los planes de inversión de las empresas distribuidoras por encargo del Minem, como el mencionado al inicio del artículo.
Los planes de transmisión son aprobados cada dos años, considerando un horizonte de proyección de diez años. El plan más reciente corresponde al período 2021 – 2030. De este plan, se ha encargado a ProInversión la licitación de ocho “proyectos vinculantes” por un monto aproximado de US$ 900 millones. Estas inversiones permitirán seguir incrementando la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico y completar los “anillos” de seguridad de suministro.
Licitaciones
Desde el año 2008 hasta la fecha ProInversión ha llevado a cabo unas 27 licitaciones. Estas inversiones, con un valor cercano de US$ 3000 millones, permiten que nuestro sistema de transmisión sea robusto y pueda contar con alrededor de 7,500 kilómetros de redes en alta tensión, las cuales incluyen líneas con un nivel de tensión de 500 kV que antes no existían en el país y que minimizan las pérdidas de energía en el transporte de electricidad en largas distancias.
Las ventajas del esquema son múltiples, pues por un lado genera los incentivos adecuados a los concesionarios al trasladárseles la mayor parte de los riesgos de la ejecución (estudios técnicos definitivos, financiamiento, servidumbres, permisos y licencias, certificaciones ambientales, entre otros), pues solo son remunerados cuando las inversiones entran en operación comercial.
Por otro lado, las empresas corren con el financiamiento de las inversiones y costos de operación, recuperándolas en un período de 30 años. Los beneficios tangibles de un modelo como este, basado en una remuneración por disponibilidad del servicio, son un antecedente para analizar las estructuraciones alternativas a la denominada “Remuneración por Inversión”, con menores incentivos y transferencia de riesgos al concesionario.
Si evaluamos los resultados obtenidos en el segmento de la transmisión de electricidad, que vienen siendo desarrollado por inversionistas privados en su totalidad, podríamos concluir que se ha logrado un significativo grado de avance y que las inversiones han permitido acompañar el crecimiento económico, además de haber sido procesos competitivos.
Por mejorar
Ahora bien, existen espacios de mejora para cumplir con los cronogramas y la programación a fin de que las inversiones se realicen en la oportunidad que requiere el sistema eléctrico. Los proyectos deben ser licitados con antelación y contar con la participación y coordinación permanente de las diferentes entidades del sector público involucradas y un seguimiento continuo para su oportuna adjudicación y ejecución conforme al plan de transmisión.
Asimismo, es importante un marco regulatorio que permita conseguir una mayor estandarización de los contratos y evaluaciones, teniendo en cuenta el desarrollo del marco sectorial, todo lo cual debería llevar a reducir plazos y revisiones posteriores en los procesos de adjudicación, focalizándose en aquellos aspectos o riesgos que sean diferentes en los proyectos. Ello redundará en procesos robustos, transparentes y predecibles para los actores, incluyendo el mercado, donde se adjudique la buena pro a inversionistas de primer nivel que, producto de un proceso competitivo, presenten aquellas ofertas que generan mayor valor para el país en su conjunto.
Finalmente, los mayores beneficiados seremos todos los usuarios del sistema eléctrico nacional.
Fuente: Gestión