Por: Excma. Diana Nelson, Embajadora de Australia en el Perú
La recuperación económica de Australia estará impulsada por el empleo y la inversión. El sector mineroenergético desempeñará un papel fundamental; y el bienestar de las personas y las comunidades será central en este esfuerzo.
Como en el Perú, la minería representa alrededor del 10% del PBI australiano (15% si incluimos el sector METS: servidos, tecnología y equipamiento). La exportación de recursos representa alrededor de dos tercios de las exportaciones de bienes en ambos países.
En los últimos 13 años, el sector ha contribuido con US$ 174 mil millones a los ingresos del gobierno. En 2019-2020, las exportaciones mineras y energéticas australianas alcanzarán un récord de US$ 208,5 millones, un 50% masen términos reales que durante la crisis financiera global.
Directa o indirectamente, la industria minera emplea al 10% de la fuerza laboral australiana. Durante la pandemia, los puestos de trabajo aumentaron un 5% en los estados mineros de Australia Occidental y Queensland. Masque nunca, la minería está contribuyendo al bienestar de miles de trabajadores, sus familias y comunidades.
Gracias a la celeridad y flexibilidad con que la industria y los gobiernos han actuado ante esta crisis, el sector minero se ha visto afectado en menor grado que otros sectores. Destaco algunas lecciones:
Primero, se reconoció la importancia de la contribución económica del sector. La minería fue rápidamente declarada una actividad esencial. Se priorizaron proyectos de creación de empleo, como la mina Valeria de Glencore en Queensland, con un valor de US$ 1.000 millones. El proceso de aprobación del proyecto tomó días, no meses.
Segundo, se dio una respuesta coordinada. La creación de un organismo nacional, integrado por los estados, el gobierno central y la industria, facilitó un rápido acuerdo sobre diversos protocolos nacionales permitiendo que la minería continuara sin comprometer la salud ni la seguridad de los trabajadores y las comunidades.
En tercer lugar, se priorizó la protección de las comunidades indígenas. Abordar los riesgos sociales y apoyar las necesidades de las comunidades, especialmente en áreas remotas, fue fundamental.
Cuarto, se priorizaron soluciones colaborativas entre industria y gobierno. La Agencia de Protección del Consumidor de Australia autorizó a 280 empresas mineras para obtener equipos de seguridad y protección de manera conjunta. Este poder adquisitivo combinado permitió asegurar los productos y materiales necesarios para continuar las operaciones de manera segura.
En quinto lugar, la industria reaccionó de forma proactiva. El Consejo de Minerales de Australia. organismo que representa al sector minero, propuso reformas fiscales y otras como la aceleración de los procesos de evaluación ambiental y la aprobación de nuevos proyectos, y una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo. Las grandes mineras, como BHP y Rio Tinto, ambas presentes en Perú, contrataron más trabajadores y aumentaron sus programas de capacitación.
En sexto lugar, se simplificaron procesos. En Australia Occidental, la mayoría de las solicitudes ahora se presentan en línea. Los plazos para las aprobaciones ambientales para la exploración se han reducido a la mitad (de 30 a 15 días). Esto contribuirá a alcanzar los niveles de inversión que se anticipaban antes de COVID-19.
Séptimo, los gobiernos están creando incentivos para las futuras inversiones, financiando la exploración y reduciendo tarifas. Mantener una cartera de proyectos de exploración activa será clave para la recuperación económica del país.
Finalmente, el sector METS australiano, líder mundial, impulsó la innovación, proporcionando soluciones para que las empresas mineras aceleraran su transformación digital adaptándose a nuevas formas de operar en un entorno pospandémico. Estas innovaciones australianas ya están llegando al Perú.
Superar esta pandemia requerirá un esfuerzo global. Australia está preparada para
enfrentar los desafíos que presenta el COVID-19, confiando en que el sector minero
liderará nuestro crecimiento económico.
Fuente: El Comercio