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Una serie de conflictos socioambientales vinculados a importantes proyectos mineros se vislumbra para este año en diferentes puntos del país. Uno de ellos está en Espinar, Cusco, y podría ser provocado por el tendido de un mineroducto que va desde Las Bambas hasta la provincia cusqueña.
La instalación requiere de la aceptación de los campesinos para que la empresa utilice sus tierras. El impasse surgiría si los comuneros deciden solicitar cifras altas por el derecho de servidumbre, y si la empresa considera que al tratarse de una inversión que traerá beneficios y progreso a la zona se debe facilitar el tendido de tuberías.
Un segundo eventual escenario de conflicto es Kañaris, en cuanto a la exigencia del derecho a la consulta previa. Tal posibilidad se alejaría si la canadiense Candente no vuelve a invertir, lo cual es factible al tratarse de una empresa junior que en la actualidad está operando solo al 20%. Sin embargo, no se descarta que este año la minera acopie capitales en la Bolsa de Toronto.
Otro foco de probables protestas es la Amazonía, específicamente las cuencas del Tigre, Corrientes, y Pastaza. Se trata de áreas donde hay exploración y explotación de hidrocarburos. En estos lugares la población indígena no solo exige que se cumpla la Ley de Consulta, sino que están decididos a no permitir más contaminación por derrames petroleros.
No hay que perder de vista el reinicio del proyecto Conga. Newmont tenía planeado conectar la explotación de cobre en Conga con el que existe, debajo del oro, en la mina Yanacocha, a fin de constituir un gran complejo cuprífero.
No obstante, los 5 mil millones de dólares que la minera separó para Conga estarían destinados a la adquisición de Xstrata-Las Bambas.
Un indicio es que Newmont se ha aliado con Teck Resources para entrar a la licitación y competir con Chinalco. Los resultados de la puja se conocerán en enero. Aun así los comuneros de Conga ya anunciaron nuevas protestas.
En tanto, el Estado sigue concretando alianzas con comunidades, gobiernos regionales y empresas, lo que ha debilitado las protestas trastocándolas en luchas por mayores beneficios mineros y petroleros para la población adyacente.
Claves
El analista José López Follegatti señaló que las necesidades de agua, educación, electricidad, en zonas de inversión minera son asumidas por el Estado.
“El 2010, en el gobierno de Alan García, las empresas ponían el 90% de los fondos sociales. El Estado ponía el 10%. Al final seguían los conflictos. Hoy, el Estado da 70% u 80% de dichos fondos y la empresa el 20%”, refirió.
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