Carlos Gonzáles, director gerente de Enerconsult
En un año marcado por la COVID-19, el sector hidrocarburos en nuestro país atraviesa una situación crítica debido a que no se han adoptado medidas específicas en materia petrolera, explica el director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzáles.
El especialista recapituló el panorama petrolero del Perú: se producen poco más de 30.000 barriles de crudo al día y se consumen aproximadamente 250.000 diarios, cerca de la quinta parte de lo que se necesita; sumado a que solo se perforan pozos obligatorios tanto de exploración como de desarrollo en menor escala y el precio no pasa de los 40 dólares desde octubre.
Además, se registraron cierre de pozos y hasta lotes —como en Tumbes— debido a que no pueden producir a pesar de pagar 5% de regalías porque su costo es mayor al precio en que se vende el petróleo.
“Diariamente, según cifras de Perupetro, se estima que 10.000 puestos de trabajo se han perdido solo en exploración y explotación. Si lo extrapolamos en afectación familiar, lo sufren cerca de 40.000 personas”, alega.
Capa caída
Gonzáles advierte que a finales de 2013 el Perú tenía 741,2 millones de barriles en Reservas Probadas, y al 2018 —las cifras del año pasado aún no se publican en el Ministerio de Energía y Minas— descendieron a 344,5 millones. La pérdida de casi 400 millones de barriles responde a razones económicas, como mantener el costo de producción y la reducción de personal.
Antes del despido de trabajadores—acota— se debió reducir el costo y la regalía, sin embargo, nosotros seguimos teniendo en el Perú lotes que pagan 40 o 50% de regalía. Si dividimos la producción del Perú en estos momentos: 35.000 barriles entre los cerca de 7.000 pozos existentes, aproximadamente tenemos 5 barriles por pozo.
“Ese es el régimen de producción peruano. No podemos decir que somos un país petrolero. Estamos en emergencia petrolera”, sostiene Gonzáles. Además, las Reservas Probadas al día de hoy estarían por debajo de los 344,5 millones registradas a 2018.
Foto: Enerconsult
Propuestas
El experto en hidrocarburos precisó que urgentemente se debe acoplar el Precio Base, el cual busca eliminar la incertidumbre del precio fijando uno para que las empresas accedan a financiamiento. Pese a que nadie puede adivinar el precio del petróleo, aquí el Estado debe reconocer como una garantía nominal el precio a futuro —por ejemplo, 50 dólares a 12 meses— para que el banco se sienta protegido y brinde liquidez a los solicitantes.
También se debería aplazar las obligaciones contractuales inviables, añade Gonzáles, porque devolver un lote en el que ya se hicieron trabajos previos solo porque el precio del petróleo no es adecuado es perjudicial e implementar una regalía de emergencia —a 12 meses— hasta que el precio se mantenga sobre los 60 dólares por barril y así evitar que la producción se decline.
Además, tanto Perupetro como el MEF están en la facultad de trasladar las obligaciones de un lote a otro de menor riesgo ante el momento de adversidad económica. Finalmente, plantea que se dé un punto final al conflicto de competencias entre Perupetro y Osinergmin.
La llamada Licitación Temprana —argumenta Gonzáles— que está preparando Perupetro sobre un grupo de lotes, estaría incluyendo lotes cuyos contratos van a terminar dentro de 4 o más años, lo que debería ser decisión del próximo Gobierno y no de un Gobierno de transición. El próximo Gobierno puede tener otra decisión política sobre esos lotes, como la participación de Petroperú.
Considerando también que el Ejecutivo puede tomar medidas urgentes que tengan por objeto evitar el colapso de la producción petrolera, de manera que tanto la nueva Refinería Talara como el Oleoducto Norperuano no se perjudiquen por falta de producción nacional. “Sería el colmo que la nueva Refinería importe crudo habiendo recursos en el subsuelo peruano”, explica.
Finalmente, Gonzáles alega que el Estado debe respaldar a Petroperú respecto a la concesión de distribución de Gas Natural en el Sur, dándole todos los recursos necesarios para cumplir con el encargo incluyendo sus obligaciones con terceros, de modo que no haya riesgo de comprometer fondos propios inherentes a otras unidades de negocio de la empresa.
Fuente: La República