Como parte de la lucha contra el lavado de activos, la prevención de este tipo de delito en el sector minero debe ser una prioridad, porque la minería ilegal está convirtiéndose en la principal fuente de este ilícito en el Perú.
En ese contexto, el especialista en Derecho Penal Económico Carlos Caro destacó la necesidad de que la unidad de inteligencia financiera (UIF) apruebe con urgencia el reglamento de prevención de lavado de activos en el sector minero, puesto que las mineras son las que tienen mayor contacto con los derivados de la minería ilegal.
En la medida en que ese reglamento no sea puesto en vigencia se observa un enorme vacío respecto a la lucha contra el lavado de activos conforme a las cifras de la UIF, añadió.
Lineamientos
A juicio del experto, esta norma reglamentaria debe contener todos los mecanismos de prevención del lavado de activos aplicables a las compañías mineras. En la actualidad, estas empresas se rigen por un reglamento general de prevención de dicho ilícito que está pensado básicamente para el sector financiero, por lo que carece de un mecanismo de identificación de proveedores, comentó Caro.
Los bancos no están diseñados para identificar cadenas de lavado de activos generados por proveedores; pero las mineras, sí, precisó.
Estos son temas que debe contemplar un reglamento de prevención del lavado de activos para el sector minero.
Sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP), Caro indicó que su aplicación reduce las posibilidades de corrupción.
Sin embargo, sostuvo que aún se requiere dotar de más presupuesto y capacitación.
El experto declaró al termino del taller sobre las relaciones entre la criminalidad organizada, corrupción, lavado de activos y defraudación tributaria en el país.
Acción anticorrupción
A criterio de Carlos Caro, aún faltan cubrir algunos vacíos legislativos en la lucha anticorrupción, como por ejemplo tipificar el delito de corrupción transnacional de empresas, más aún si esta es una de las propuestas que el Gobierno esta impulsando para ingresar a la OCDE. Es decir, que las empresas puedan ser responsabilizadas penalmente cuando cometan actos de corrupción, detalló.
Según la jurisprudencia, en los grandes casos de corrupción están vinculadas las empresas, añadió. Considera, además, necesario fortalecer el trabajo policial, pericial y forense.
Utilidad
Los decretos legislativos emitidos en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana son útiles porque pueden llenar vacíos de punición y permitir las técnicas de investigación, como es el caso de la norma que regula la geolocalización.
Sin embargo, considera que dicha lucha va más allá del plano legislativo. “El tema central es la prevención de la criminalidad, que es una labor policíaca y forense.”
El Peruano