La fallida firma de contrato con la auditora PwC y la rebaja de calificación por parte de S&P han hundido los bonos de la petrolera estatal peruana. Especialistas comentan a Forbes las implicancias de un posible default para Petroperú.
Varios sucesos han pasado estas últimas semanas en uno de los principales proveedores de combustibles del Perú: la petrolera estatal Petroperú. La empresa, que hoy cuenta con el 36% del mercado interno de combustibles y la mayor red de grifos del país, atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Pese al contexto internacional favorable para los precios del barril del petróleo (con un alza de doble dígito desde diciembre pasado), la firma estatal fundada en 1969 corre el riesgo de caer en default en las próximas semanas.
DETONANTE DE LA ACTUAL CRISIS
La crisis actual se originó tras conocerse, a inicios de este mes, que la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) se negó a firmar el contrato para auditar los estados financieros del 2021 de la petrolera y que, por consiguiente, no se tendrían estos documentos antes del plazo oficial (mayo).
Justamente, la duración de la cláusula de confidencialidad que exigía Petroperú fue una de las razones por las que la auditora no firmó el contrato, según dijo públicamente PwC. Se exigía una duración indeterminada de dicha cláusula, pese a que en años previos esta se extendía solo por dos años.
A esto le siguió que, a mediados de marzo de este año, S&P rebajó la calificación crediticia a las deudas de largo plazo de la empresa estatal de BBB- a BB+, una nota considerada también como “basura”.
Es así que el economista Hugo Chávez, especialista en reingeniería de negocios, quien desde octubre del 2021 se desempeñaba como gerente general de Petroperú, renunció a su cargo, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se negara a respaldar el directorio o la administración de Petroperú en un intento de calmar a los mercados.
En su reemplazo entró Fernando de la Torre, quien ocupaba la posición de gerente corporativo de finanzas desde febrero de este año. De la Torre fue la persona de contacto directo de Petroperú con el equipo de PwC y quien ha amenazado con demandar a la consultora por la firma “fallida” del contrato.
BONOS CAEN ANTE POSIBLE DEFAULT
Desde que comenzó esta serie de sucesos, los bonos por US$3.000 millones de la compañía destinados a la modernización de la refinería de Talara ubicada en la costa norte el Perú han ido cayendo.
En los primeros diez días de marzo, los bonos con vencimiento en el 2047 perdieron 15% de su valor, mientras que los bonos al 2032 perdieron cerca del 12%, llegando a mínimos históricos, señala Patricio Luza, subgerente de renta fija en Renta4 SAB.
“A la mitad de esta caída sucedió el pronunciamiento de S&P, que provocó que muchos inversionistas vendieran sus posiciones al no tener más el grado de inversión. [Estos bonos] también llamaron la atención de otro tipo de inversionistas, quienes compran deuda que se ha deteriorado muy rápido”, comenta. Sin embargo, esta nueva demanda no ha logrado hacer que los precios despeguen y continúan cerca de sus mínimos.
Esta reacción de los mercados responde directamente al incumplimiento de la presentación de los estados financieros auditados de Petroperú en el plazo oficial. Esta situación llevaría a la petrolera a caer en un default técnico, pues la presentación de estos documentos auditados fue uno de los compromisos que firmó en sus covenants (acuerdos puntuales al emitir deuda), explica Luza.
Petroperú ya ha indicado que tiene previsto pedir a los bonistas una exención. Esta semana se realizó la convocatoria para conseguir al nuevo auditor de Petroperú. Fernando de la Torre, gerente general, dijo a Reuters que espera que se pueda presentar el reporte financiero del 2021 entre julio y setiembre de este año.
“Lo más sano para todos sería pedirle a los bonistas una excepción, a forma de consent o waiver, para comprarse tiempo y sanear la empresa a cambio de un pequeño fee para los bonistas, quienes, adicionalmente, ganan al no tener que cargar con un bono en default en su portafolio”, consideró Luza.
¿Y SI NO SE LOGRA UN ACUERDO CON LOS BONISTAS?
Si no lograra una exención, se llegaría al default técnico, lo que aceleraría el pago de la deuda, mientras que el acceso al mercado de crédito y capitales se debilitaría significativamente para Petroperú, consideró S&P.
“En este escenario, la liquidez podría debilitarse y podríamos considerar la estructura del capital de la compañía como insostenible, lo cual llevaría a una rebaja de calificación”, adelanta la clasificadora de riesgo.
En el corto plazo, quien tendría que pagar la deuda o aparecer como garante es el Estado, dice Luza. Esta medida aumentaría la deuda neta del Estado y, probablemente, la lleve a recurrir al mercado para financiarse, añade Luza. Sin embargo, para Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), el Estado no debería asumir este pasivo.
Por otro lado, si ocurriera un default, Luza advierte que se sentaría un precedente para que una empresa estatal pueda hacerlo y deteriorará la percepción que tienen los inversionistas en la deuda del país o respecto a otras empresas estatales.
UNA CRISIS DE GOBERNANZA
S&P también rebajó la calificación de Petroperú de justa a débil tras el contrato fallido con PwC e indicó que la petrolera tiene una capacidad menor de la que esperaban para identificar, anticipar y controlar de manera efectiva ciertos riesgos críticos. Esta situación de incertidumbre, de mantenerse si es que no se hacen cambios para fortalecer la gobernanza de la empresa, llevaría a más consecuencias negativas.
Francisco Torres, profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN, explica que la situación actual podría traer una ralentización en el avance de proyectos de Petroperú, la disminución de su participación en el mercado interno, y el incremento de costos de transacción y el encarecimiento de suministro de bienes y servicios para la petrolera.
“Petroperú tiene una oferta importante en el comercio mayorista peruano de combustibles. Sin embargo, al día de hoy existen nuevos agentes mayoristas y no se descarta un declive en su participación pues, por ejemplo, la empresa más grande del Perú es una petrolera (Primax), pero ya no es Petroperú”, añade.
“Ahora es una crisis de gobernanza. Quizá no tenemos el suficiente capital humano para dirigir la empresa”, relata el historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coautor de Historia del petróleo en el Perú, publicada con Petroperú en 2008, Víctor Manuel Torres Laca.
En esa línea, una fuente que trabajó en Petroperú por más de tres décadas comenta a Forbes que, en los últimos años, la compañía vio la pérdida de talento técnico y la llegada de perfiles con poca experiencia en el sector, mientras la participación en el mercado de distribución de combustibles pasaba del 50% en el 2017 al 34% actual.
“Entraron personas a manejar la parte comercial, que conocían del mundo de las gaseosas y otros negocios. Se perdió el conocimiento técnico que es tan importante en este tipo de posiciones”, señala el ejecutivo hoy retirado.
De la Torre, en una entrevista a RPP, comentó que uno de los objetivos inmediatos de su gestión es fortalecer el gobierno corporativo de la empresa y el control interno. Forbes solicitó una entrevista con el funcionario, pero no obtuvo respuesta.
PROYECTOS EN PERSPECTIVA
La rebaja de la nota crediticia de la petrolera estatal acontece justo cuando se alistaba a realizar una posible transacción en el mercado global de capitales en el segundo semestre de este año, según deslizó la firma en un comunicado de prensa.
En efecto, Petroperú necesita liquidez para empujar proyectos en cartera. Entre estos, además del reinicio de las operaciones de procesamiento de crudo en la nueva refinería de Talara, prevista para el próximo 12 de abril, está la explotación por cuenta propia.
En esa línea, desde diciembre pasado, la empresa estatal comenzó a explotar el Lote I, que produce 540 barriles por día en Talara, y proyecta explotar los lotes 192 y 64 en la Amazonía, de 10.500 y 55.000 barriles diarios, respectivamente. En ambos casos, Petroperú planea buscar un socio estratégico que asuma las inversiones preoperativas.
En el caso del Lote 192, se acordó que dicho socio fuera la compañía canadiese Altamesa, pero el contrato aún no ha sido firmado, explicó Carlos Gonzales, director gerente de la consultora Enerconsult.
En tanto, en el Lote 64, Petroperú carece de socio luego de que Geopark se retirara sin poder explotarlo debido a indefiniciones sobre la necesidad de que el yacimiento cuente con la autorización de las comunidades indígenas vía un proceso de consulta previa, comentó el consultor.
La inversión preoperativa del Lote 192 ascendería a no menos de US$200 millones y la del Lote 64 –que incluye la construcción de un ducto que conecte con el Oleoducto Norperuano – a no menos de US$100 millones, según estimaciones de Gonzales.
Al respecto, comentó que Petroperú no cuenta actualmente con capacidad de invertir en los dos lotes amazónicos. “Con US$106 millones no les alcanza ni para el desayuno de esos lotes. Esos lotes son muy caros”, refirió, aludiendo a las utilidades reportadas por la compañía a los inversores en el 2021.
“Si fuera yo Petroperú, le pondría los ojos a lo que estoy seguro me va a generar cierta utilidad desde el primer día y que no es riesgoso. Lotes importantes hay uno o dos en Talara. Es irresponsable que los lotes marginales pasen a Petroperú, porque producen 500 o 600 barriles por día a altos costos”, dijo.
En el 2021, en Perú se produjeron unos 40.000 barriles de petróleo diarios. Los lotes 192 y 64 podrían agregar entre 15.000 y 20.000 barriles diarios a los inventarios, mientras que en Talara el mayor yacimiento podría aportar hasta 10.000 barriles diarios, según Gonzales.
Fuente: Forbes Perú