- Alumnos de Ingeniería Ambiental se reúnen con representantes del distrito de Lobitos, tras el desastre contra el mar por el que la OEFA multó a Petroperú por más 51.635 dólares.
Como muestra de responsabilidad social y prevención de más contaminación contra la fauna marina, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se comprometió a brindar apoyo técnico a la población del distrito de Lobitos, en la provincia de Talara, región Piura, afectada por el derrame de petróleo ocurrido en diciembre del 2024.
Debido a la gravedad de este desastre en el mar peruano, el Ministerio del Ambiente (Minam) declaró el estado de emergencia ambiental por 90 días a la zona afectada, que va desde la misma Refinería de Talara hasta la playa Cabo Blanco, y que comprende al menos, seis playas del litoral. Pues al menos, más de 2.500 familias de pescadores artesanales fueron afectadas por hidrocarburos en el mar.
En una reunión llevada a cabo el viernes 17 de enero con delegados de Lobitos, Patricia Abanto Díaz, representante del gremio de hoteleros; Jorge Periche Paiva, representante del gremio de pescadores; y Sonia Bayona Mimbela, representante de las mujeres de Lobitos; expresaron su preocupación y sus demandas ante dos estudiantes de la FIA y un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También participaron representantes del Grupo Impulsor de Jóvenes (GIJ).
Entre las principales solicitudes expuestas por la ciudadanía perjudicada en temas de salud, económicos y sociales, se encontraba el desarrollo de un plan de contingencia sólido y la capacitación a la población en gestión ambiental y respuesta preventiva frente a desastres. Además, los representantes de Lobitos solicitaron la transparencia en los informes ambientales y en las compensaciones económicas, la priorización de la restauración del ecosistema marino y la reactivación de la actividad turística.
El Centro de Estudiantes de la FIA reafirmó su solidaridad con la población afectada, se comprometió a apoyar en la difusión de esta problemática para promover una pronta solución y destacaron la importancia de unir esfuerzos entre la academia, las comunidades locales y las instituciones gubernamentales para impulsar un desarrollo sostenible que proteja la economía local y el medio ambiente.
“El compromiso al que llegamos fue el de brindar apoyo técnico porque ellos desconocen bastante algunas terminologías. Además, nos comprometimos a dar transparencia al tema de la intervención, el monitoreo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer esta denuncia ambiental”, dijo Alejandra Condori, estudiante del XVIII ciclo de Ingeniería Ambiental.
Asimismo, el sábado 18 de enero el Centro de Estudiantes de la FIA junto al Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UNMSM realizaron una charla virtual de capacitación ante el derrame de petróleo para la población de Lobitos, donde estuvieron presentes los representantes que participaron en la reunión de la UNI y estudiantes de otras universidades.
“La mayor preocupación de la población de Lobitos es el tema de la restauración de la zona. Ellos, al ser un pueblo costero, literalmente se dedican al mar. Estamos hablando de que son pescadores y son personas que viven del turismo. Toda una cadena ha sido afectada, ya que la playa está inhabilitada por 90 días. Y ellos aprovechaban los primeros meses del año para generar más ganancias debido a una mayor presencia de turistas. Entonces, su principal preocupación es la contaminación del mar y el sustento de sus familias”, explicó la estudiante.
Emergencia ambiental
El 20 de diciembre del 2024 se registró un derrame de petróleo en el área geográfica de la provincia de Talara, región Piura. El hecho fue reportado por Petroperú al día siguiente al OEFA, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.
Las playas Capullanas, Punta Malacas, Yapato, El Alto, Peña Negra y Retín de Cabo Blanco evidenciaron presencia de hidrocarburos en agua de mar y sedimentos, y la afectación de fauna marina.
Esto obligó al Gobierno a declarar en emergencia ambiental, por un plazo de 90 días hábiles, la citada provincia. Además, el 22 de enero, el OEFA dictó medidas administrativas de cumplimiento inmediato a Petroperú con finalidad de prevenir daños acumulativos o de mayor gravedad que repercutan en la salud de las personas, agua, sedimentos y fauna marina.
El jefe de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Alex Uriarte, sostuvo que la sanción impuesta a Petroperú llega a 36 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 192.600 soles (51.635 dólares).
