Igor Gonzales, presidente de Sierra Metals.
ProActivo
Perú representa una geología con una importante ventaja competitiva, ha desarrollado una industria propia de servicios a la minería, con profesionales y técnicos de nivel mundial. Todo ello le ha llevado a que operen en el país empresas de clase mundial. Sin embargo, los excesivos trámites burocráticos se han convertido en un desafío a la promoción del crecimiento de la minería, de manera concreta y sostenida. Así lo afirmó el presidente de la canadiense Sierra Metals, Igor Gonzales, en entrevista para ProActivo.
Usted goza de amplia experiencia en la industria minera, estuvo en Barrick Gold Corporation desde 1998 hasta 2013, más recientemente como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones; y en Southern Peru ¿qué ocurrió para que haya bajado ese elogiable dinamismo en inversiones mineras en el país?
Pienso que la permisología ha tomado cuerpo, y ha hecho que los proyectos se retrasen de una manera significativa. Se trata de grandes y pequeños proyectos, ya sea expansiones o proyectos de exploración.
Todos requieren una cantidad de permisos que carecen de tiempos definidos, algo que todas las inversiones requieren y que las agencias de gobierno pueden establecer los parámetros razonables.
En este momento muchas empresas mineras tienen permisos retrasados por meses, incluso a nivel de exploración, los que deberían darse con mayor rapidez, dado que es la primera etapa de la inversión minera.
Aunque Perú tiene esas dificultades sigue siendo muy atractivo y diferenciado respecto a los demás países mineros.
Efectivamente. Geológicamente Perú tiene una ventaja competitiva muy importante, además en el país se ha desarrollado una industria propia de servicios a la minería, lo cual es un elemento a favor de la industria y contamos con profesionales y técnicos de muy alto nivel.
Muchísimas empresas mineras trabajan con personal exclusivamente nacional, lo que demuestra la capacidad dentro de nuestro país. Pero esto no se debe perder por temas burocráticos.
Si realmente queremos que la pobreza disminuya, tenemos que promover la minería de una manera real y concreta. Con normas muy precisas para simplificar esta trama de permisos.
¿Si el marco administrativo fuera óptimo, Perú repuntaría mucho más?
Tremendamente, porque además tenemos otra gran ventaja competitiva en el costo de la energía y eso también nos diferencia respecto de los competidores más cercanos en Sudamérica; y si tuviéramos un marco legal más dinámico, la minería retomaría el crecimiento que merece el país.
¿Se corre el riesgo de perder capitales?
Por supuesto. En este momento, Ecuador, ya empezó a ser atractivo para algunas empresas. Colombia es otro ejemplo al igual que México, que tiene un sistema de permisos mucho más sencillo que el de Perú. Las empresas buscan jurisdicciones más dinámicas para su instalación.
¿Dónde considera que puede estar es nudo para los trámites?
Lo que pasa es que en la actualidad, para los permisos haya que pasara por una serie de agencias y cada una trabaja de manera independiente. Tardan en comunicarse entre ellas y a veces lo que piden es repetitivo o con demasiado detalle para la calidad del permiso que van a entregar; eso por supuesto ocasiona una demora.
Sugeriría una ventanilla única, que no se dupliquen los requerimientos y la simplificación de los mismos. Los pedidos de información y requerimientos de agencia a agencia constituyen un gran problema.
SENACE tendría que haber sido la solución a ese problema ¿qué pasó?
SENACE pide opinión a las otras agencias, y mientras no llegue la opinión favorable o desfavorable no puede actuar. Ahí tenemos una traba importante.
En el panorama global ¿cómo se encuentra la minería de Perú?
Si nos remontamos a unos 15 años, realmente tiene una masa crítica mayor. En este momento tenemos operaciones mineras de gran magnitud en el Perú.
Crecimos de manera significativa y de ahí que el acompañamiento del Estado, al sector que aporta tanto a la economía es vital, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y local.
Otro rol importante que tiene es el acompañamiento a las empresas en los asuntos con las comunidades, para que las negociaciones sean absolutamente normadas sin que haya ventaja ni de un lado ni del otro.
¿Existe algún modelo a seguir?
Pienso que las negociaciones deben normarse de manera muy clara y dinámica. Hay procesos de negociación con las comunidades que duran varios años y retrasan la inversión minera. Eso no puede darse.
Si bien el Estado tiene interés en lo que ocurre en el sector, aún no logra velocidad ni determina esa necesaria claridad que demanda este fenómeno. Me refiero no solo al ámbito nacional sino también al regional.
Esa es una buena forma de promover la inversión minera y que no se trabe en este tipo de circunstancias.
Ahora los estamos viendo en Las Bambas, donde han surgido pedidos extraños, pero que, al no haber una normatividad clara respecto a estas negociaciones, las comunidades consideran que pueden desafiar acuerdos contraídos. Esto sucede con muchas empresas mineras.
La participación del gobierno puede ser de dos formas. Una, regulando la negociación entre una comunidad y una empresa con normas muy claras y dinámicas; y la otra, como mediador. Cualquiera de las dos formas ayudaría a que se resuelvan estos nudos gordianos que se presentan tanto en las grandes mineras como en la mediana y pequeña minería.
Sobre la ejecución de la cartera de proyectos mineros que bordea los 60 mil millones de dólares ¿qué opinión tiene?
Algunos deberían pasar al estado de construcción, de manera casi inmediata. Es evidente que el tema social también se ha convertido en traba y reitero mi sugerencia sobre la claridad que debe darse también respecto a los permisos sociales.
Este aspecto se puede regular vía intermediación del gobierno o vía de un proceso de arbitraje.
Hay muchísimos ejemplos de que empresas mineras compran un derecho superficial, y a los meses tienen que volverlo a comprar, por segunda o tercera vez porque las comunidades cambian de parecer a los meses y quieren más dinero por algo que ya vendieron. Es muy frecuente en nuestra realidad. Y en eso, por ejemplo, el gobierno no interviene.
Si tuviéramos que hablar del aporte que hace la minería en muchas zonas deprimidas del país ¿Qué puede decir?
La minería es un factor dinamizador de la economía y, no solamente por los impuestos. Y es que las comunidades cuando lega una operación minera desarrollan negocios locales, con un crecimiento sustancial y dinámico de su economía.
En la zona de Las Bambas, antes del proyecto, era notoria la carencia de diversos servicios básicos.
Toda esa zona que, en el primer gobierno de Alan García, se conocía como el triángulo de la pobreza -Espinar, Chumbivilcas y algunas provincias de Apurímac- hoy día es una zona en bonanza en términos de crecimiento. Ha crecido su infraestructura, tienen negocios locales y cuentan con las vías de comunicaciones instaladas para brindar los servicios a la minería, lo que ha dado un dinamismo enorme a toda esta región.
Ese es un ejemplo concreto de que sí se puede conseguir ese tipo de desarrollo cuando se promueve la minería responsable, respetando el tema ambiental y los derechos de las comunidades.