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Unas 250 denuncias serán revisadas por el Ministerio de Justicia. El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, consideró “no vamos a llegar a las 500 que las comunidades nos dicen, no quiero decir un número, (…) pero vamos a estar en algo de alrededor de 250, en este momento tenemos registradas casi 200, una vez que terminemos el inventario, vamos a tipificar las denuncias”.
Hoy miércoles 24 se realiza en Fuerabamba (Cotabambas, Apurímac), la mesa técnica de Justicia y Derechos Humanos, uno de los nueve puntos de la plataforma provincial, cuyo objetivo es revisar las denuncias penales efectuadas contra los comuneros que participaron en protestas durante los últimos años como parte del acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Participarán el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante, representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras autoridades.
Raúl Molina señaló que “la mayoría de denuncias tienen que ver con la interrupción de vías públicas, y muchas de ellas engloban a grupos grandes de comuneros, sin una atribución individualizada de responsabilidades. No soy abogado, pero entiendo que en una etapa inicial del proceso, las investigaciones tienen que tratar de individualizar responsabilidades”. El funcionario dejó en claro que corresponde al Ministerio de Justicia hacer su trabajo.
Qué dice Gregorio Rojas
El dirigente Gregorio Rojas, al referirse a la cita de hoy en Chalhuahuacho (Fuerabamba), dijo: “Nosotros comprendemos que ni el señor premier, ni el señor Raúl Molina, ni la señora Paola Bustamante no tienen ese poder para que solucionen este problema, comprendemos también que el Estado peruano es conformado por la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, la OCMA, entonces nosotros también estamos invitándolos a ellos para que estén presentes mañana 24 acá en el distrito de Chalhuahuacho, en la comunidad de Fuerabamba. Dentro de eso estaríamos llegando a una conversación muy buena para ambas partes”.
Dijo también que hasta el momento, 500 comuneros de la provincia de Cotabambas han sido denunciados y precisó que 300 pertenecen a la comunidad de Fuerabamba. “Ahora nos encontramos denunciados, perseguidos, y es una pena para nosotros, es indignante para las comunidades que podemos apostar por la minería, más bien nos denuncian, eso nos incomoda”.
Ministra Paola Bustamante (MIDIS)
Por otro lado, la ministra Paola Bustamante, explicó: “Con eso ya estamos dando cumplimiento al primer acuerdo, que es básicamente la instalación de esta mesa para tratar el primer tema de la plataforma donde ellos plantean revisar los casos de las personas denunciadas (desde el 2011) y que están siendo procesadas”.
La ministra dijo que el objetivo de la mesa de mañana va a ser que ellos expliquen su problemática y las alternativas que plantean “nosotros o quienes participen en la mesa, darán a conocer las opiniones, lo que es viable y lo que no”.
La funcionaria informó también que los dirigentes comunales plantearon que se elabore un proyecto de ley de amnistía, con respecto a sus solicitudes.
Es increíble que un grupo de comuneros pretendan dictar medidas para liberar a extorsionadores y a personas que infringen la ley? QUE PASA con la institucionalidad de este país. PANTALONES!
Las leyes están hechas para cumplirlas en todo el país, el que las rompe tiene que responder!
Porque se les va a liberar de responsabilidad cuando se infringe la ley, cuando han tomado carreteras, cuando debieron hacerlo de otra manera! NO señores, así este país, se va a parar y cualquier grupo puede hacer lo que quiera con estos antecedentes.