Dra. Liliana Pautrat
ProActivo
La fiscalización ambiental es necesaria y las empresas -particularmente las mineras- hacen todos los esfuerzos por cumplir puntualmente con las normativas del caso, pero es necesario que esa herramienta sea más eficiente y equilibrada para que no cause perjuicios en el desarrollo productivo, sostuvo la especialista Liliana Pautrat.
“A nivel de la actividad minera es urgente que la fiscalización se acelere, porque atender por largos años cartas de auditores por un procedimiento sancionador es tedioso y crea contingencias a la actividad minera y a cualquier sector productivo”, manifestó.
Dijo que la minería genera trabajo y destina recursos al pago de muchas obligaciones con el Estado, por lo que su fiscalización ambiental tiene que ser expeditiva y objetiva, ya que las ganancias mineras no pueden modificarse a criterio particular, “pues los precios de los metales están marcados por tendencias internacionales”.
“Hay que buscar el equilibrio de las normas fiscalizadoras. No existe rechazo a la fiscalización ambiental, pues las empresas de por sí tienen mucha actividad preventiva”, recalcó.
Proceso sancionador es lento
La abogada sostuvo que los organismos de fiscalización ambiental deben contar con una administración conocedora, con personal con experiencia en el tema, y que tenga la solvencia suficiente para resolver las infracciones y otras faltas con prontitud.
“La solución tiene que ser tan rápida como la que se pide al usuario o al infractor para presentar sus descargos (20 días)”, ilustró.
Denunció que actualmente algunos procedimientos demoran 7 u 8 años, y cuando parece resuelto, “uno se da con la sorpresa que el funcionario que lleva el caso ha sido cambiado, lo cual ocasiona otra demora”.
“Aunque en algo se han ajustado los procedimientos, esa deficiencia está latente, ya que por ejemplo en este 2015 recién se atienden fiscalizaciones del 2010”, lamentó.
Cambios frecuentes
Pautrat dijo también, que otro tema preocupante es el cambio frecuente de las entidades estatales ambientales.
“Antes hubo fiscalización ambiental, de seguridad y salud ocupacional a través del Ministerio de Energía y Minas, que luego fue derivada a Osinergmin ”, refirió.
Lamentó que ahora otra vez se bifurca y surge el OEFA en temas ambientales, mientras que los temas de seguridad y salud se quedaron en Osinergmin.
Consideró que esa suerte de trastoque burocrático complica el entorno del productor minero, porque tiene que atender a muchas entidades.
“Es una de las actividades más reguladas y tiene que cumplir con todos”, acotó.
Onerosos requerimientos
La especialista consideró que esa situación es perjudicial para las empresas, ya que tienen que destinar más recursos, esfuerzos y tiempo para atender muchas comisiones y requerimientos.
“Hay que liberar un poco al usuario de tantos y onerosos requerimientos, de tal forma que no afecte sus recursos y dedique más esfuerzo en sus empresas para cumplir mejor su labor productiva”, recomendó.
Anotó que las fiscalizaciones programadas se llevaban bien cuando eran en el primer y segundo semestre, lo que reducía el tiempo dedicado por las empresas a atender tales procedimientos.
Aporte regulatorio por exploraciones
Asimismo, Pautrat advirtió que se están propiciando iniciativas legales para establecer un porcentaje a las empresas mineras que aún no son productivas, y eso significa establecer un porcentaje de aporte por regulación. Se trataría de un porcentaje al monto que se tenga que invertir.
“Eso no es justo, pues una empresa dedicada a la exploración minera no tiene ganancias y su flujo de caja es negativo, porque sólo los inversionistas aportan. En tanto no se venda un primer lote mineral, simplemente están en rojo”, explicó.
Añadió que si aquella acción fiscalizadora prosperara, iría en desmedro del desarrollo de la actividad minera, que es un puntal en la economía nacional.