Manuel Reinoso, presidente de Sonamipe y directivo de ARM.
Manuel Reinoso, presidente de Sonamipe y directivo de ARM por el tema de trazabilidad, es un dirigente de la pequeña minería y minería artesanal que lleva años comprometido en la búsqueda de la solución de la intrincada problemática de este subsector. En entrevista con ProActivo, puso una alerta sobre los pasivos ambientales que empieza a dejar la minería en pequeña escala que se multiplicó en el territorio nacional, escapándose al control del Estado. Puso como caso emblemático el de minera Caravelí, en las regiones Arequipa y Ayacucho; además alertó sobre el pujante mercado negro en torno a los insumos para esa actividad.
¿Cuál será el futuro del uso del mercurio y el uso de los quimbaletes?
Algunas empresas que están en el Comercio Justo se orientan por la reducción gradual del mercurio. En la actualidad su uso de mantiene porque las bateadoras son mujeres y reciben un sueldo por esta actividad por lo que es difícil dejarlas sin trabajo y sin sustento para sus familias.
En cuanto al quimbalete, es uno de los mejores sistemas y baratos para el minero artesanal, las plantas procesadoras pagan por el fino y no por el grueso. Nos conviene el quimbalete porque no tenemos energía eléctrica trifásica. Y si vemos el tema ambiental, su reemplazo en el momento sería un molino de bolas, que funcionaría con petróleo porque no tenemos energía y opino que eso es “un cambio de mocos por babas”, porque también contamina con petróleo, grasa y otros residuos.
Nos piden cambio de tecnología pero debe darse por algo mejor.
Cambiar de quimbalete a molino trae nuevos problemas como el uso de petróleo y grasa con otro tipo de residuos.
Entonces ¿considera que el quimbalete es la mejor respuesta ante la falta de energía?
Debemos tener energía eléctrica para hacer un verdadero cambio y acabar con la mafia del petróleo. Si usted ve las casetas a medio camino de la carretera, venden petróleo que va a parar a los mineros artesanales.
La policía va a vender, todo mundo vende allí. En el sur hay muchas de esas casetas. Lamentablemente eso es algo que no ven quienes están sentados en el escritorio.
Los cilindros los llevan a la mina y no necesitan ir a un grifo. Los bolivianos traen petróleo barato a través de sus camiones con soya y maíz.
¿El mercado negro es intensivo en esta actividad?
¿Cuánto cuesta traer un explosivo desde la planta de ventas hacia el polvorín? El costo de traslado, más la seguridad sale más caro que en la calle; y no le conviene al minero.
El origen del explosivo de la calle viene de los ministerios de Agricultura, de Defensa, Transporte y de todos los municipios que compran explosivos para hacer carreteras. De todos esos sitios llegan. Ellos por ejemplo compran 1,000 cajas y usan 500 y las otras 500 las venden. Es más barato comprar del mercado negro.
En la actualidad ¿qué avances normativos surgen a partir del legislativo y del ejecutivo?
Ya nos reunimos con el nuevo director de Formalización Minera, Lenin Valencia para ver el nuevo proyecto de ley que tienen. Y la comisión de Energía y Minas también tiene otro proyecto. En la actualidad desde el congreso hay una iniciativa que quiere hacer lo mismo que la estatal Empresa Nacional de Chile, ENAMI.
Desde ambos poderes hay coincidencias.
Como cuáles
El tema del Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, los pasos de actividades son casi los mismos. Sigue los mismos parámetros para el pequeño minero y para el minero artesanal. En algún momento el ministerio quiso hacer cambios pero retrocedió.
Con respecto al uso del agua y el terreno superficial, la propuesta es buena. Lo que está mal es lo que salió de las “sueltas de área”. Veo difícil que eso ocurra porque estaríamos afectando el estado de derecho, garantizado por la Constitución.
¿Cómo se ha logrado resolver el tema de los contratos?
No se han logrado muchos contratos a nivel nacional porque el ministerio no tiene cómo manejar los conflictos en este campo, con gente preparada para ello. Para tratar con nosotros y también con gente de las comunidades campesinas.
Para nosotros es un tema importante. También las negociaciones con las comunidades campesinas, terrenos superficiales, la superposición de áreas. Y en Madre de Dios con los nativos y los que tienen concesiones forestales. Pienso que debiera existir una oficina específica para esos temas. Nadie se dedicó. Dieron incentivos pero hasta la fecha no funciona.
Necesitamos a una entidad que sea neutral, para que vea cómo solucionamos estos temas.
Quizá los únicos beneficiarios sean los que hacen la venta negra; los que compran el oro y los que venden materiales. Porque en el momento que se acabe el oro quedará un gran pasivo ambiental.
En dónde diría que hay un problema visible y más complejo
Existe por ejemplo un caso, el de minera Caravelí, que dentro de sus concesiones en Arequipa y Ayacucho debe tener entre 5 mil a 6 mil personas en sus concesiones, y el Estado no ve eso cuando debiera reunirse con todos ellos. Lo pongo como ejemplo como un tema grande.
Caravelí es una empresa de la mediana minería con un gran número de mineros informales trabajando en sus concesiones y sin contrato. El minero queda precario porque no puede llegar a formalizarse. Extrae el mineral y lo vende con REINFO a los compradores, pero siempre informal.
La actual situación no beneficia a minera Caravelí, ni al minero artesanal ni al Estado. Nadie se beneficia bajo estas circunstancias. Este es tema emblemático.
Usted afirma que al final todos resultan perjudicados
Quizá los únicos beneficiarios sean los que hacen la venta negra; los que compran el oro y los que venden materiales.
Porque en el momento que se acabe el oro quedará un gran pasivo ambiental y cuando los mineros artesanales abandonen esas zonas, el responsable por ley es minera Caravelí. No hay quien vea este tema. La empresa cargará con el pasivo que dejarán los mineros artesanales porque se irán.
Hace años en la empresa, Pedro Fuertes (ex gerente general) tuvo un método, allí sí funcionó donde alcanzaba su control porque hacia firmar un contrato con el cual les pagaba.
El tema es cómo hacer para que puedan firmar contratos, reunirse con el titular, con los mineros y con la autoridades.
Ahora el tema es nacional y falta la atención debida. Es una carga desde que salió la ley en el año 2002, y no se soluciona. El Estado es dueño de los recursos.
Lo otro es que el tercer perjudicado es la comunidad, porque no le llega canon pero sí se queda con los pasivos, pero nadie ve ese tema. ¿El Estado podrá asumir esos pasivos?
Por ejemplo ahora en Secocha hay un problema grave de contaminación y como está allí el antiguo pueblo, el agua sucia de la contaminación va formando lagunas y el agua contaminada, sin tratar va hacia Ocoña, pero la autoridad no hace nada. En cuanto al alcalde, no tiene recursos porque no hay canon.