El Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión efectiva al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, luego de considerarlo responsable del delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, hechos ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua. La pena, que contempla 6 años por el primer caso y 8 años por el segundo, será de ejecución inmediata, según determinó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Además, el exmandatario fue inhabilitado por 9 años para ejercer la función pública, cerrando de manera abrupta cualquier posibilidad de retorno político en el corto y mediano plazo.
La lectura de sentencia inició en una sala abarrotada, donde estuvieron presentes el propio Martín Vizcarra, su defensa legal, el fiscal Germán Juárez Atoche y el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, además de otros funcionarios judiciales. La magistrada encargada no solo expuso los fundamentos de la decisión judicial, sino que llamó en reiteradas ocasiones al orden para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia.
Previo al inicio de la sesión, Vizcarra llegó a la sede judicial afirmando estar dispuesto a escuchar el fallo: “No voy a defraudar al pueblo, soy un hombre de palabra”, declaró un día antes. Sin embargo, una vez iniciada la lectura, lanzó un mensaje en su cuenta de X afirmando: “No es justicia, es venganza”.
Los hechos que sustentaron la condena
El caso Lomas de Ilo: sobornos por S/ 1 millón
Según la tesis fiscal, el entonces gobernador regional solicitó el 2% del valor total del proyecto Lomas de Ilo, equivalente a aproximadamente S/ 1’016,212.76, a cambio de asegurar la buena pro a la empresa Obrainsa. La jueza enfatizó que existieron comunicaciones telefónicas entre Vizcarra y el testigo Elard Tejeda, gerente comercial de la constructora, cuyos testimonios fueron calificados como “creíbles” y “corroborados”.
Entre las evidencias destacaron:
- Solicitudes de retiro bancario de S/ 400,000 y S/ 600,000 destinados a entregas en efectivo.
- Testimonios que confirmaron reuniones entre Vizcarra y directivos de Obrainsa en Lima durante el 2013 y 2014.
- Un examen físico–químico que confirmó que el dinero cabía en sobres manila A-3, como describieron los colaboradores eficaces.
La magistrada precisó que, contrario a lo sostenido por la defensa, los documentos presentados no demostraban que Vizcarra estuviera en Moquegua los días clave señalados por los testigos.
El caso Hospital de Moquegua: S/ 1.3 millones en sobornos
El segundo delito atribuido al exmandatario tiene relación con el proyecto del Hospital de Moquegua, cuya ejecución estuvo a cargo del consorcio liderado por la empresa ICCGSA. Los testimonios, incluidos los de directivos como Rafael Granados, confirmaron que se realizaron hasta ocho entregas de dinero en efectivo, utilizando incluso contratos ficticios para encubrir los pagos.
Los montos fueron entregados en sobres manila directamente en la oficina de Vizcarra, quien, según los testimonios, recibía las sumas personalmente. La operación de traslado de dinero fue gestionada por José Manuel Hernández, hombre de confianza de Vizcarra y exministro.
De acuerdo con la Fiscalía, Vizcarra pidió S/ 1.3 millones para asegurar la aprobación del proyecto. “Fueron tres pagos”, afirmó Hernández, confirmando la operación ilícita.
La construcción del caso
El Poder Judicial destacó que la sentencia se sustentó en un conjunto amplio de elementos probatorios, entre los que se incluyen:
- Registros de llamadas telefónicas entre directivos de Obrainsa y la empresa CyM Vizcarra.
- Peritajes contables que demostraron el origen del dinero entregado.
- Declaraciones de colaboradores eficaces, que coincidieron en detalles sobre fechas, montos, reuniones y modalidades de entrega.
- Documentos bancarios, como cartas de solicitud de efectivo por montos superiores a S/ 400,000.
- Testimonios de choferes, empleados y funcionarios, que confirmaron visitas, reuniones y movimientos de los implicados.
La magistrada también explicó que se demostró que Vizcarra conocía a detalle los proyectos Lomas de Ilo y Pasto Grande en su calidad de presidente del directorio del Proyecto Especial Pasto Grande, lo que descartaba cualquier posibilidad de desconocimiento sobre decisiones clave y gestión presupuestal.
La reacción del exmandatario
Tras conocerse la sentencia, Vizcarra calificó el fallo como “una venganza”, insistiendo en que nunca recibió dinero ilícito. Su defensa anunció que presentará los recursos de apelación correspondientes.
Sin embargo, la condena representa un golpe político definitivo para quien, en su momento, alcanzó más del 80% de aprobación durante su presidencia y construyó un discurso centrado en la lucha contra la corrupción.
El caso se suma a una serie de procesos judiciales contra expresidentes peruanos, consolidando una tendencia nacional en la que los jefes de Estado enfrentan responsabilidades penales tras dejar el cargo.
Próximos pasos judiciales
La decisión judicial ordena la ejecución inmediata de la pena, lo que implica que Vizcarra deberá ser recluido mientras avanza la segunda instancia del proceso. La inhabilitación de 9 años también impide cualquier intento de participación política.
El Ministerio Público había solicitado 15 años de pena privativa de libertad; sin embargo, el colegiado determinó 14 años como condena final.
