(Foto: RPP)
Escándalo desatado por conversaciones entre el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y Luis Vera de la Sunat tiene repercusiones en el avance de la minería informal en nuestro país.
El escándalo protagonizado por el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, con respecto a los mensajes que intercambió con el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, sigue dando que hablar. Como se recuerda, Pacheco presionó a Vera para que favoreciera a empresas y personas jurídicas a cambio de ratificarlo en el cargo.
Pacheco le pidió a Vera que ampliara la importación de mercurio de la empresa MQVC Corporation S.A.C., cuyo representante es José Luis Hanco Lupinta. En mayo de este año, la Sunat había autorizado a la compañía importar 20 toneladas de mercurio. Pero cuatro meses después la empresa presentó una solicitud de ampliación por 500 toneladas a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, adscrita a Sunat.
El exsecretario de Palacio adjuntó varios documentos a Vera y le dio un mensaje: “Corrobora esto, hermano, y trata de ayudar”. En una segunda comunicación indicó: “Si no sale los 500, aunque sea 300″. El superintendente no contestó ni cedió a las presiones.
Cabe resaltar que el mercurio se utiliza sobre todo para extraer oro. Y es ahí donde surge la preocupación por el tema de la minería informal precisamente para extraer este metal precioso. Según Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor Gold Mines Inc., el 29% de la producción nacional de oro proviene de la minería informal, mayor al promedio mundial que es de 22%.
Agregó que la formalización minera tiene “muchos trámites y un proceso pesado”, y una serie de trabas desde el desconocimiento del proceso, el cambio de normas y la falta de oficinas del Gobierno en zonas donde se desarrolla esta actividad.
Asimismo, Juan Zúñiga Chura, alcalde del distrito de Yanahuaya (Puno), informó que la situación de la minería informal en dicha zona de la provincia de Sandia, es muy preocupante, ya que una gran cantidad de pobladores han retornado después de varios años a reclamar los sitios en los que laboraban, debido a la falta de trabajo que existe por la pandemia.
Detalló que existen conflictos entre estas personas y aquellos que se adueñaron de tales espacios en los últimos años. “Esto se ha escapado de nuestras manos, porque no respetan a las autoridades y se imponen haciendo uso de la fuerza”, manifestó el burgomaestre.
Recientemente la jueza Ingrid Estacio Soria, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, dictó ocho meses de impedimento de salida del país contra Pacheco, investigado por presunto delito de tráfico de influencias en la Sunat.