Comunicar a las comunidades locales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) resulta uno de los puntos más complicados para las empresas en la obtención de la licencia social.
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La regulación de la licencia social se incluye principalmente por el convenio 169 de la OIT y la Ley Nro. 29785.
Los proyectos mineros tienen impacto significativo en las localidades aledañas. Recientes incidentes en Apurímac y Arequipa, demuestran que una mala comunicación con las comunidades desencadena inevitablemente en un conflicto. Para que una empresa evite huelgas, invasiones de propiedad privada, entre otro tipo de acciones de protesta, es necesario que tramite la licencia social. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto?
“En principio, el término “licencia social” no existe como tal. Sin embargo, podríamos definirlo como el conjunto de percepciones que tiene la comunidad, u otros grupos de interés, respecto de la seguridad, sostenibilidad e impacto a largo plazo que tienen las operaciones de las empresas que realizan actividades extractivas. Los proyectos que no la obtienen, o que fracasan en mantenerla en el largo plazo, generalmente se encuentran con una comunidad hostil que puede llegar a paralizarlos por periodos prolongados de tiempo o incluso a cancelarlos. Un ejemplo de ello es el caso de Conga”, señaló Katherine Villanueva, Socia de Auditoría de EY Perú.
Pero, ¿cuál es la regulación que gira en torno a ella?, ¿es realmente una obligación para las empresas extractivas?; en caso contrario, ¿por qué es tan importante? Para comprender de manera concreta su funcionamiento, EY Perú preparó la siguiente información.
¿Cómo está regulada? La regulación de la licencia social se incluye principalmente por el convenio 169 de la OIT y la Ley Nro. 29785. En el artículo 2 de la referida ley se menciona que “Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos”.
¿Cuáles son los requisitos para su obtención? Si bien existe un fundamento legal y una lista de procedimientos para la obtención de la licencia social, la implementación de un proyecto extractivo no se puede limitar solamente a ello. Las compañías más exitosas en la gestión de la misma son aquellas que han conseguido mantener un diálogo constante con las comunidades para comprender sus percepciones e intereses. No obstante, uno de los ejes principales se relaciona con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que requiere una correcta comunicación a las comunidades. Dicho punto suele ser crítico por la complejidad técnica que involucra la realización del estudio, siendo en muchos casos muy complicado transmitir sus resultados a las poblaciones locales.
¿En qué beneficia a la empresa? Permite la cooperación de la comunidad a lo largo de todas las etapas del proyecto. Esto incluye que le brinde a la empresa una menor resistencia a futuras ampliaciones del proyecto que expandan la zona de influencia. Asimismo, evita los sobrecostos derivados de conflictos sociales. En términos generales, la licencia social le permite a la empresa un mejor cumplimiento de sus metas y proyecciones en el largo plazo.
Finalmente, la experta en la materia señala que: “La empresa debe entender que las acciones de protesta se desencadenan a partir de un sentimiento de inseguridad de las comunidades locales con respecto a los alcances e impactos de las operaciones de una compañía. Se trata de una duda razonable, partiendo de que habrá mucha gente que se verá afectada de alguna u otra manera. Por lo tanto, es necesario que se cuente con planes de difusión de los Estudios de Impacto Ambiental que permitan explicar los alcances de estos proyectos de una manera didáctica y clara para que pueda tener el mayor alcance entre los pobladores locales, no sólo al inicio del proyecto, sino durante y después de la operación minera. Solo así se disminuirán los riesgos en torno a acciones que puedan afectar operativamente la viabilidad de los proyectos extractivos,”.